Punto final al secuestro

Luego de la tranquilidad que retornó al país con de la liberación de los periodistas Salud Hernández, Diego D’Pablos y Carlos Melo, quienes estuvieron cerca de seis días secuestrados por el Eln en la zona del Catatumbo, es momento de reflexionar acerca de lo que tales hechos significaron y de exigir a la agrupación guerrillera que le ponga punto final a una práctica que ataca ferozmente el Derecho Internacional Humanitario y que va en contravía de su supuesta voluntad de paz.
Los elenos tienen que entender que si a las Farc les ha sido difícil construir confianza, pese a los ceses unilaterales del fuego que han cumplido y a su mejor actitud ante la crítica en los meses recientes, actos como los de la semana pasada no solo afectan su eventual proceso de paz, sino incluso el de las Farc y, en general, todas las posibilidades de que Colombia avance hacia escenarios de convivencia y reconciliación. En una tonta posición de medir fuerzas, lo que hacen es cerrar la puerta que se les ha abierto para que encuentren una salida digna. 
Por eso, la única posibilidad de que el país esté dispuesto a aceptar que se instale formalmente la mesa de negociación del Gobierno Nacional con el Eln es porque esa agrupación subversiva acepte que dejará atrás la práctica del secuestro para siempre. Si no hay esa manifestación expresa de sus cabecillas cualquier proceso con esa agrupación comenzaría coja y podría caerse en cualquier momento. De tal manera que no podrán aceptarse tales negociaciones si ese grupo subversivo no libera primero a todas las personas que aún tiene en sus manos privadas de la libertad.
Por otra parte, si se da la firma con las Farc en las próximas semanas y se logra que avancen los trámites en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional para que los acuerdos sean oficiales y definitivos, la presión para que el Eln muestre verdaderas intenciones de paz van a ser mayores, y la opinión será más sensible a exigir que cualquier actitud negativa de esa agrupación sea respondida con mayor fuerza por el Estado, y el Gobierno Nacional no tendrá más remedio que atender el clamor ciudadano.
Preocupa que, después de haberse gastado un buen tiempo acordando una agenda, y luego de haberse anunciado que muy pronto se daría inicio a la fase formal, quede en evidencia ahora que dicho proceso aún no está maduro para arrancar. El Gobierno no puede permitir que ocurran cosas tan graves sin que haya consecuencias, por lo que además de la reacción de exigir el fin del secuestro, deberá mantener sus operativos en las zonas en los que delinque el Eln y mantener una presión que los obligue a comprometerse seriamente a caminar hacia la transición a la paz. 

En el caso de los periodistas secuestrados, además de ese crimen de lesa humanidad también han que considerar que se violó gravemente el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de movilización. Estos son delitos que no pueden admitirse de ninguna manera en un país mínimamente civilizado. Si los subversivos quieren de verdad dejar su vida de guerra tienen que ser porque estén convencidos de que es necesario el tránsito hacia la democracia, y eso significa que deben empezar por respetar las reglas que impone este modelo de manejo del Estado. Nada justifica, en ningún momento y lugar, que alguien pueda ver coartadas sus libertades, y menos si es un periodista que representa a una comunidad con derechos de estar informada.