l pasado 10 de diciembre, como todos los años desde 1950, se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuyo respeto es considerado fundamental por la mayoría de países del mundo. En esa misma fecha se conoció el desgarrador informe del Senado de los Estados Unidos acerca de las torturas de la CIA en la era de George W. Bush, situaciones que han recibido un rechazo general, incluso de los gobiernos aliados en Europa, como Alemania, que calificó las evidencias como una "violación grave de los valores democráticos".
Ni qué decir de los históricos regímenes opositores de los Estados Unidos, tales como China o Irán, que han calificado las acciones de la CIA como "tiranía contra la humanidad". Las mismas Naciones Unidas exigieron que las torturas no queden impunes y que se le dé prioridad al respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Es destacable que ahora el presidente Barack Obama se muestre dispuesto a no volver a repetir ese tipo de episodios tan vergonzosos.
Cuando los dirigentes de un país patrocinan o impulsan este tipo de políticas contra la dignidad humana pierden autoridad moral para juzgar a otros, y se terminan validando prácticas irregulares en otras latitudes del planeta, cuando lo que debería hacerse es cerrarle totalmente el paso a la tortura. Es cierto que la amenaza del terrorismo puede llevar a situaciones en las que los sospechosos deben ser persuadidos de decir la verdad, pero pasar los límites hasta la tortura es algo inaceptable. Incluso está probado, como lo ha admitido el mismo exdirector de la CIA Michael Hayden, que tales prácticas fueron totalmente improductivas.
Todos los países, sin excepción, tienen que comprometerse a respetar y acatar las normas y los convenios internacionales. Así como no son admisibles las torturas en China, en Cuba, en Venezuela o en Colombia, tampoco lo son en Estados Unidos, ni en ningún país. Esa misma defensa férrea tiene que impulsarse en lo relacionado con la libre expresión, la libre circulación y todas las demás libertades ciudadanas que deben ser vistas como prioridad.
Ahora bien, el mundo entero no debe quedarse solo en señalar la culpabilidad del anterior gobierno norteamericano, sino también condenar con toda energía lo que pasa en países como Venezuela, donde han quedado en evidencia acciones del régimen chavista en contra de sus opositores, en las que son numerosas y graves las violaciones de derechos. Esas actitudes corruptas y dictatoriales tienen que ser sancionadas fuertemente por el mundo.
En el caso de Colombia, tenemos que admitir que se siguen cometiendo atropellos a los derechos humanos, en los que hay comprometidas fuerzas irregulares, pero también agentes del Estado, a lo cual hay que hallarle remedios definitivos. Es cierto que Estados Unidos no puede actuar como policía, y que ha perdido autoridad moral para exigirle al resto del mundo que defienda los derechos humanos, pero hay que ser conscientes de que por encima de eso está la dignidad humana que exige que todos la respetemos.
En nuestro país las condiciones han mejorado bastante en los años recientes, y se pasó por ejemplo de 28 asesinatos de sindicalistas en el 2009 a solo tres homicidios de estos activistas en el 2014, pero la meta tiene que ser cero y mantenerse en tal nivel. Es verdad que el nuestro ya no es un país paria para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, pero aún falta mucho para superar los graves problemas de violaciones.
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