Presencia estatal, sin reversa

a destrucción de la estación de Policía en El Mango, corregimiento de Argelia (Cauca), y la expulsión de los uniformados por supuestamente poner a la comunidad en riesgo de ataque de las Farc, es un acto salido de toda sensatez. No se entiende cómo una comunidad reacciona con violencia en contra de quienes pueden cuidarla, llevada por la estrategia del pánico impulsada por la agrupación guerrillera en esa zona del país. Esos hechos tienen que ser objeto de profunda reflexión, pues allí puede estar el meollo de la violencia que nos ha acompañado a los colombianos durante toda la historia.

Peor aún es que cuando el Gobierno Nacional, por fin, reacciona, y decide enviar a cerca de 800 uniformados entre soldados y policías a esa región para garantizar que los subversivos no le hagan daño a la población, la comunidad responda con nuevas agresiones. Es indudable que las fuerzas legítimas del Estado, que representan la seguridad nacional y que deberían ser consideradas aliadas de los habitantes de esas zonas no reciben el respeto que deberían, lo cual es un golpe enorme a la institucionalidad del país.

Está muy bien que se busque el apoyo de la Defensoría del Pueblo, de las Naciones Unidas y de las mismas autoridades locales para que los pobladores entiendan que lo mejor que pueden hacer es permitir que la estación de Policía sea reconstruida, tal vez no en el propio casco urbano, sino en las afueras como lo establecen los protocolos y acuerdos internacionales, pero no llegar al extremo de preferir que no estén allí. Hay que analizar muy bien las razones por las cuales una comunidad responde de esa manera.

Sin duda las Farc pusieron a rodar allí una estrategia del miedo, con la que lograron que la gente se vaya en contra de la institución armada. Esa será, seguramente, una idea que tratarán de poner en marcha en otras zonas del país, con el objetivo de ganar el forcejeo que hoy se da en la mesa de La Habana, donde los subversivos insisten en un cese del fuego bilateral. El Gobierno tiene que intensificar la presencia estatal en todas estas regiones vulnerables, no solo con tropa, sino con programas de impacto social y económico, y buscando la ayuda de la comunidad a la Fuerza Pública.

También debe ejecutarse un trabajo bien planeado para que los uniformados recuperen la confianza en las poblaciones, no a través del autoritarismo sino buscando un acercamiento que les devuelva la credibilidad en esas regiones. Hay que identificar, desde luego, a quienes de manera soterrada buscan desestabilizar y crear pánico desde adentro de la comunidad, pero al mismo tiempo lograr que los pueblos presten todo el apoyo y rechacen a las organizaciones ilegales.

Además, la institución policial debe percatarse de que cada uno de sus miembros, y sobre todo los que están en los lugares más vulnerables, cuenten con todo el equipo y los elementos necesarios para hacer una buena defensa de sus estaciones, que en ningún momento se sientan sin respaldo, porque ese podría ser un problema aún mayor. Mientras que no haya una firma real de acuerdos para poner fin al conflicto armado, la Fuerza Pública no puede bajar la guardia ni por un instante.