Al instalar la Misión Especial Electoral, el pasado martes, el presidente Juan Manuel Santos lanzó la idea de que las campañas políticas sean financiadas totalmente por el Estado, como una manera de blindar el ejercicio proselitista del ingreso de dineros ilegales o de contribuciones privadas que pretendan luego cobrar tales aportes con contratos millonarios. En cuatro meses esa nueva comisión, surgida de los acuerdos del Gobierno Nacional con las Farc, con el propósito de desarrollar varios asuntos del punto de participación política, debe presentar sus recomendaciones.
Aunque el mandatario propuso que tal financiación se llevara a cabo por un par de periodos para limpiar durante ese tiempo la política y fortalecer la democracia, debería evaluarse si resulta más conveniente pensar en que tal financiación se haga de manera total y permanente hacia el futuro, pues si bien muchos dirán que el Estado podría caer en un gasto excesivo por este motivo, la realidad es que esa sería una gran inversión en transparencia, reglas de juego claras y fortalecimiento de la democracia, lo cual trae mayores beneficios a la sociedad en el mediano y largo plazo.
La Misión Especial Electoral que deberá generar un documento en este sentido está integrada por seis expertos, los cuales fueron seleccionados por el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y los departamentos de Ciencia Política de las universidades Nacional y de Los Andes y la Misión de Observación Electoral (MOE). En la propuesta de reforma política que saldrá de sus análisis también han de tenerse en cuenta otros asuntos que los colombianos debemos reconocer como dos grandes mentiras que hay que ponerse en blanco y negro: la participación de funcionarios públicos en política y los costos reales de las campañas.
Con respecto a lo primero, es una gran hipocresía afirmar que los funcionarios públicos no hacen política. Sería más sano que no exista esa restricción legal y que los ciudadanos sepamos con exactitud los intereses políticos de los servidores públicos en todos los niveles, quienes podrían participar en actos públicos de respaldo a candidaturas y demás actividades proselitistas, sin tener que estarse escondiendo. Avanzar en transparencia en este sentido y superar esa gran mentira, esa doble moral, sería una muy importante contribución a la transparencia y un golpe a las posibilidades de corrupción en el sector público.
En el mismo sentido, resulta evidente que las campañas políticas normalmente gastan mucho más dinero del que reportan ante las autoridades electorales y en portales web de acceso público. Si se aprueba la financiación estatal uno de los puntos clave que podrían ajustarse es que todos los aspirantes a un cargo tengan equidad y equilibrio en las piezas publicitarias y que, si una campaña se excede en el uso de propaganda en las calles o en los medios de comunicación, eso sea tan evidente que también haya facilidad para sancionar. Los ciudadanos podrían concentrarse a respaldar las mejores ideas y no, necesariamente, a quienes más bulla hagan y más dinero estén dispuestos a invertir en candidaturas.
Este equipo de expertos, todos con gran experiencia y credibilidad, también podría avanzar en la reforma del sistema electoral como tal y en asuntos tan complejos y difíciles de tramitar en el Congreso como las listas únicas de los partidos y el voto preferente, pensando siempre en que podamos tener en Colombia en el futuro partidos políticos más fuertes, con reglas internas serias y coherentes, y con programas dotados de identidad y consistencia. Así será posible también avanzar para vencer la indiferencia de los ciudadanos y derrotar la abstención.
Si analizamos los principales hechos de corrupción que se han conocido en Colombia, gran parte de las causas pueden estar en los lunares que tiene todo el sistema electoral, empezando por la manera con que se financian las campañas y por la doble moral que se maneja en la participación política de los servidores públicos. Si hay sinceramiento en estos asuntos habremos avanzado en forma franca en la derrota de la corrupción.
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