El paso de Eduardo Montealegre por la Fiscalía General de la Nación dejó un enorme sinsabor en Colombia, debido a actuaciones que permitieron la politización de la justicia y a su deseo de dar golpes de opinión en lugar de golpear con fuerza a las mafias del crimen organizado. Eso hace que hoy la credibilidad de los colombianos en esa entidad esté en niveles precarios, y que sea necesario que se den cambios de fondo que conduzcan a la recuperación, ya que solo en la medida en que la gente crea en la justicia será posible tener una paz sostenible en el tiempo.
Luego de dos intentos fallidos, la Corte Suprema de Justicia escogió al abogado Néstor Humberto Martínez Neira como el nuevo fiscal general, nombramiento que será ratificado el próximo 25 de julio por el alto tribunal. El nuevo jefe del ente acusador llega con un respaldo claro de 17 votos en el seno de la Corte y con elogios de la mayoría de los magistrados, quienes igual que Martínez tienen el enorme desafío de recuperar la credibilidad en la justicia y lograr que sus instituciones vuelvan a ser respetadas por los colombianos.
Aún sin posesionarse, el nuevo fiscal ya anunció que impulsará un paquete de reformas en ese sentido, de tal manera que las decisiones que se tomen allí puedan blindarse de suspicacias que podrían seguir enlodando su imagen, así como otros cambios que apunten a dar una mayor estabilidad institucional. Lo primero será que el fiscal ad hoc que conozca los procesos en los que el fiscal titular se declare impedido, sea escogido por la Corte Suprema y no por el propio Fiscal como ocurre hoy. También que el control interno de la Fiscalía le reporte directamente a la Corte y que en caso de falta absoluta del Fiscal su reemplazo temporal sea elegido por ese alto tribunal, para desestimular las interinidades.
Estas iniciativas parecen bien intencionadas, y en eso hay que confiar que Martínez logre darle rápidamente un vuelco a la pésima imagen que hoy tiene la Fiscalía. No obstante, tampoco será fácil para el funcionario dejar sin argumentos a quienes critican que haya sido el apoderado de grandes grupos económicos, empresas extranjeras y poderes gremiales que podrían influir en importantes decisiones. De la misma manera, tampoco le quedará fácil ganarse la confianza de las mujeres, quienes se han manifestado agredidas por declaraciones suyas con respecto a la violencia intrafamiliar, en las que el nuevo fiscal les resta importancia.
Martínez, así mismo, será protagonista indiscutible en el posacuerdo con las Farc, ya que su concepto será de peso en el momento de evaluar los posibles beneficios que podrían tener los guerrilleros desmovilizados, en el tránsito hacia la reincorporación a la vida civil. Si bien será el Tribunal especial para la paz el que se encargue de darle trámite a la justicia transicional, nadie duda que una Fiscalía creíble podrá darles mucho respaldo a los fallos que se lleguen a tomar, los cuales en un ambiente desfavorable podrían generar rechazo en la opinión pública.
Ahora bien, además de los cambios que puedan venir en la Fiscalía, lo más importante es que con Martínez haya un enfoque en el servicio al ciudadano, que se busquen mecanismos que agilicen los procesos, que se logre una mayor eficiencia en todo el sistema de justicia y que ese poder público no solo sea autónomo e independiente, sino respetable y digno. Ojalá que el nuevo fiscal logre que sus críticos no hallen razones para atacar su gestión, y que por el contrario se le vea ecuánime y eficiente. Eso sería lo mejor para el país.
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