Policías rurales: tema desfasado

"La posible unión de guerrilla y policía rural enreda a Colombia". Así tituló el diario El País de España la noticia sobre las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en Francia que armaron revuelo en Colombia, y que correspondían a su respuesta a la pregunta de un periodista francés sobre la posibilidad de que guerrilleros desmovilizados llegaran a hacer parte de cuerpos institucionales parecidos a la gendarmería francesa. Si bien la afirmación no fue una propuesta en sí, dejar abierta esa opción y agregar que se podría discutir con la contraparte deja un enorme boquete a las especulaciones.

Lo primero que hay que anotar es que el modelo de Francia tiene origen en la Edad Media, con estatus militar que hace presencia en poblaciones de menos de 20 mil habitantes, y que personifica la presencia del Estado en los lugares más lejanos de la geografía. Podría decirse que en Colombia ya hay una fuerza que se le asemeja, desde el 2006, cuando se creó la Dirección de Carabineros, cuyo enfoque se ha especializado en lo rural. Así que hablar de policía rural genera confusiones, pues no se sabe bien si se trata de un nuevo grupo o se está hablando de carabineros.

Lo otro es que es un despropósito pensar que los miembros de una guerrilla que ha sembrado el terror en el campo, con toda clase de acciones de extorsión, secuestro, asesinatos y desplazamientos forzados, entre otros delitos, puedan de un momento a otro ser vistos como representantes legítimos del Estado, dedicados a la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos de las zonas rurales. Eso es absolutamente irracional y contradictorio. Si se piensa que, después de desmovilizados, es necesario mantenerlos en funciones bélicas, debido a que no saben hacer nada más que estar armados, la paz que se firme será ficticia.

Lo que se tiene que hacer es reincorporarlos de verdad a la vida social civilizada. Las experiencias exitosas que puede mostrar la Agenda para la Reintegración deben servir para que encuentren opciones que realmente los aleje de la delincuencia. Si queremos que la paz sea sostenible y de largo aliento, y que tanto las zonas rurales como las áreas urbanas sean seguras y productivas, hay que empezar por garantizar que los desmovilizados tengan opciones que resulten constructivas y que no representen el más mínimo riesgo de retroceso. Si el país debe hacer sacrificios para la firma de la paz, esas concesiones deben realmente valer la pena.

Si el presidente Santos no quiere ser malinterpretado, como tanto insiste que ocurrió en este caso, lo mejor es que cuide sus palabras y no dé a entender lo que no es. Estos temas de seguridad son realmente delicados y es preciso manejarlos con mucha prudencia y sin apresuramientos. Si, en verdad se ha pensado en esa posibilidad, antes que lanzar ese tipo de afirmaciones se deben emprender debates democráticos que permitan analizar los pro y los contra, y que se tomen decisiones que resulten positivas. Las circunstancias del conflicto en nuestro país no parecen encajar en ese tipo de ideas que han sido aplicadas en casos como el de El Salvador.

Como sea, esta controversia resulta desfasada, si se observa el punto en el cual están los diálogos de paz de La Habana. Es necesario primero resolver los temas de reparación de víctimas, así como los mecanismos de justicia transicional y los pasos para ponerle fin al conflicto, antes de pensar en los modelos futuros de seguridad en el país, en los cuales nada tiene que opinar la guerrilla. Estamos en la fase más delicada del proceso en la cual no pueden darse pasos en falso.