Aún retumban en los oídos de los más críticos el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno colombiano y las Farc en La Habana la afirmación que hizo el presidente, Juan Manuel Santos, al anunciar el comienzo de estos diálogos sobre por qué este proceso iba a ser diferente de los adelantados antes y sobre todo hacía alusión al que conllevó el despeje del Caguán, que generó tanto rechazo en el país: "...las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado, se contarán en meses y no en años". A esto le sumó luego en su encuentro con Timoleón Jiménez, alias Timochenko, que el 23 de marzo pasado sería la fecha para firmar el acuerdo para terminar el conflicto, pero no sucedió.
No estamos diciendo aquí que se deba firmar el acuerdo por cumplir ni que una guerra de más de medio siglo se arregle en días, pero es evidente que se van corriendo las fechas para cerrar este episodio y las negociaciones ya superan el tiempo que duró el Caguán y, aunque hay resultados importantes que no permiten comparar una cosa con la otra, sí hace pensar que el país necesita sentir que logró dar este paso. Es entendible seguramente desde la perspectiva de la guerrilla que cueste poner la firma a un documento que termine con tantos años de guerra, pero deben empeñar el compromiso y no cerrarse a estas alturas de la negociación a imponer sus puntos de vista como las 70 zonas de concentración que pretenden para sus filas, lo que las dispersa y hace difícil su control, incluso su seguridad.
Llegan informaciones desde La Habana que hablan de que se ha vuelto complejo este punto, necesario para poder saber cómo será el proceso de desmovilización, entrega de armas e incorporación a la vida civil de los combatientes. Y estas definiciones no son un asunto que competa solo a los miembros de la mesa de negociaciones, sino al país entero, pues la falta de claridad ha dado pie a la especulación y muchos municipios piensan que su geografía puede ocupar un espacio de estos. Es un tema que requiere de pedagogía con los ciudadanos, de claridad legal y administrativa para las autoridades locales y regionales, de comprensión para las Fuerzas Armadas que deben garantizar la seguridad y de protocolos claros que permitan a los observadores internacionales seguirlos sin contratiempos.
Reforma rural integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas y reparación a las víctimas son los cuatro puntos sobre los que se ha avanzado del Acuerdo General suscrito en el 2012, pero faltan dos no menos importantes: Fin del conflicto e Implementación, verificación y refrendación. Es decir falta todo lo que puede procurar que los demás se cumplan, en el entendido de que nada está acordado hasta que todo esté acordado como se prometió.
Se han presentado otros avances como las declaratorias de tregua unilateral de las Farc, los ejercicios conjuntos de desminado, ahora se viene la erradicación y sustitución de cultivos de manera conjunta, el compromiso de esta guerrilla de no reclutar más menores y de entregar a los que aún permanecen en sus filas, entre otros, pero esta dilación no es conveniente. Es necesario que demuestren los guerrilleros de una vez por todas que están dispuestos a acogerse a la vida civil y acatar lo acordado. Es la única manera de creer que están en procura de un mejor país para todos.
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