No al escándalo, sí a los controles

En rueda de prensa el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, habló del cartel de las Mipymes para señalar con nombre propio a tres ingenieros de la ciudad que tal vez, posiblemente, quién sabe, tengan un pacto para afectar la entrega de contratos y favorecerse solo ellos. Según el mandatario, se trataría de una manguala para repartirse la torta, cosa que no es posible si la Administración no lo permite. La historia tiene mucho más de largo y de ancho. La ley permite que se pida para obras de ciertos montos que se cierre para las microempresas de ingeniería regionales. 
La petición hecha por estos profesionales parece que está en orden y es una facultad que se tiene para incentivar y proteger a las empresas regionales ante las nuevas normas de contratación que, en términos generales, dan ventaja a la gran ingeniería. Es un mecanismo proteccionista que trae la ley. Al ser preguntados por este diario, los ingenieros anotaron que si bien no cumplieron los requisitos, no era esa la idea, sino presentarse y ganar en franca lid a otros. No obstante, la Administración no lo vio así y cree que esto está generando una especie de carrusel en los contratos, aunque solo se habla de la subestación de Policía de San Cayetano.
No obstante, queda otro sinsabor. Si solo se presenta un posible contratista es porque tal vez no se está haciendo la suficiente difusión o no es rentable para la mayoría de compañías contratar con la Alcaldía. Está claro que son pocos los proponentes que acuden a la convocatoria de las licitaciones en el país, y Manizales no es la excepción, aunque esté un poco por encima de la media. Es interesante que se haya puesto en evidencia esta situación, pues durante todo el año pasado, el proyecto Lupa a la contratación de LA PATRIA y de la Corporación Cívica de Caldas (CCC) demostró cómo la contratación directa, en sus distintas formas, es la preferida de las alcaldías, incluyendo la que hoy alega por haber un solo proponente en este proceso. 
Así que es importante que la Administración municipal acate la sugerencia de la CCC, de poner en evidencia situaciones como esta y aplique nuevas formas para transparentar el gasto y la adjudicación de los contratos, de esta manera se evitaría muchos dolores de cabeza y ayudaría a que los ciudadanos hagan un mejor control a la cosa pública, algo sano para todos. 

Si el alcalde de Manizales considera que se está presentando una irregularidad, debió llevarla a la Fiscalía y a la Contraloría. Como abogado que es, lo sabe muy bien. Si no hay certeza sobre las suposiciones, debe existir prudencia para no afectar la honra de unos profesionales que tienen derecho a su buen nombre, pues los señalamientos vienen de la primera autoridad del Municipio, de quien se espera total responsabilidad. Ya veremos si las autoridades judiciales y de control le dan la razón, porque esperamos que ya estén investigando. De lo contrario, que con la misma acuciosidad convoque a una rueda de prensa para ofrecer disculpas.