Mejorar, no restringir la tutela

o cabe duda de que la acción de Tutela es un instrumento que ha servido para acercar a los colombianos al Estado y sientan que es posible que les solucionen sus problemas. Ha sido tradición en Colombia que se le complique la vida al ciudadano de a pie, que este se sienta apabullado por la función pública y que no encuentre solución oportuna para cuando siente vulnerados sus derechos fundamentales. Pero llegó este instrumento, que funciona, se usó de él y no faltó quiénes abusaran.

Cada tanto se mueven las banderas en busca de ponerle control a esta eficaz herramienta. Obvio, no ha sido fácil congeniar sus efectos y en algunos casos las decisiones mismas de los jueces pudieron adentrarse y resolver en materias que no son de su competencia, hasta el riesgo de excederse. No obstante, los problemas que se puedan haber presentado no alcanzan a diezmar el beneficio obtenido durante sus años de puesta en funcionamiento. Por ese motivo compartimos que se tramiten proyectos de ley para reformarla, siempre y cuando busquen darle orden, evitar los excesos y en ningún caso para restringir sus alcances.

La Defensoría del Pueblo ha presentado un nuevo proyecto en este sentido, ante todo para ordenar lo atinente a los tiempos, que no haya suspensión indefinida de términos para pruebas y que los desacatos también tengan plazo perentorio para resolverse, pues, por ejemplo, en materia de salud, muchas tutelas legítimamente ganadas por los pacientes terminan siendo ineficaces porque el descaro de algunas EPS ha llegado a que ya no solo hicieron del derecho de amparo un trámite más, sino que se esperan hasta el desacato para resolver o para jugársela a ver si de pronto no se ganan un carcelazo, mientras el enfermo sigue padeciendo.

Entonces el problema no es de la tutela, que tantos beneficios ha traído a la sociedad, sino del aparato estatal que es ineficaz para ejercer su papel de controlador en diferentes materias, lo que obliga a los ciudadanos a acudir a la justicia a resolver lo que es un derecho, con lo cual se pierde toda posibilidad de que las cosas funcionen. Asistir a los jueces para que obliguen a que las cosas funcionen como debe ser solo es prueba de que nuestro sistema de Gobierno tiene problemas de hondo calado. Entonces, no se deben reformar los instrumentos, sino procurar que se cumplan las normas como han sido establecidas. Así nos evitaríamos esos choques que se presentan a veces y la justicia se usaría in extremis causa como debe ser.

Suena lógico que se plantee el uso de jurisprudencia ya fallada para alegar en situaciones similares el mismo resultado; que cuando se presenten tutelas masivas para un hecho se permita unificar los procesos y expedir un solo fallo; y en el caso de la selección para su posible revisión en la Corte Constitucional que quede un acta para garantizar la transparencia, luego de confirmarse que había intereses en el alto tribunal de algunos magistrados por escoger unas y no otras. Esperamos que el Congreso entienda las razones que ha esgrimido la Defensoría y que no vaya a aprovechar para meterle mano y restringir el alcance de la Tutela. A esto se le debería sumar que los jueces hagan con mayor constancia uso de la figura de las tutelas temerarias para castigar a quienes abusan de esta herramienta.