a Corte Constitucional, la corporación que cuenta con el mayor prestigio entre los altos tribunales en el país, que se ha ganado la confianza de millones de colombianos por sus fallos quedó también en el ojo del huracán por cuenta de las denuncias por supuestos sobornos para que se estudien tutelas. Este organismo selecciona con base en diferentes criterios las tutelas que pasan a su revisión con el fin de sentar jurisprudencia en ese sentido y orientar a otros jueces para que actúen de manera similar en la interpretación de la Constitución.
No obstante, los señalamientos que vienen desde adentro de la Corporación han llevado a que se cuestione el actuar del hoy presidente, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien fue acusado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el también magistrado Mauricio González porque, según este, el primero habría recibido un soborno para influir en la decisión de una tutela en torno a la empresa Fidupetrol. Con estos hechos, el balón queda en manos de un organismo que ha brillado durante su existencia por su ineficacia, su inoperancia y que la puso en el centro del proyecto de equilibrio de poderes.
La preocupación tiene que ser mayúscula en este caso. No se trata de prejuzgar o dar por condenados a quienes forman parte de este nuevo escándalo en la Rama Judicial. Ellos tienen derecho a demostrar su inocencia y a que se les respete el debido proceso, pero sí es la oportunidad para insistir en la necesidad de que los altos magistrados tengan conciencia de la importancia de recuperar la majestad de la justicia. Un funcionario que debe decidir nada más ni nada menos que sobre salvaguardar la Constitución Política de la Nación y sobre el espíritu que le dio vida al marco jurídico del país no puede ser alguien cuestionado. Bien harían en dar un paso al costado mientras avanza la investigación.
Ayer fueron magistrados del Consejo de Estado dilatando la elección de sus dirigidos, luego del Consejo de la Judicatura que no se cansa de dejar sinsabores, también el presidente de la Corte Suprema de Justicia con su carro y ahora se suma este escándalo que ha crecido en la medida en que exmagistrados han salido a tomar partido y a hablar de conductas sospechosas. Qué tristeza que la independencia judicial, tan celebrada en otros tiempos, haya servido para crear pequeños "cotos de caza" que están llevando a la deriva a ese otrora impoluto poder público.
Por primera vez, desde que la firma Invamer Gallup evalúa la opinión favorable de personajes y entidades, en agosto del año pasado la Corte Constitucional tuvo una imagen desfavorable (43%) mayor a la favorable (41%), mientras que en diciembre la desfavorable creció seis puntos más y la favorable se mantuvo. Y aún no se sabía de estos escándalos, lo que podría incidir en una degradación mayor ante la opinión pública. Cuántos escándalos más se necesitarán para que la Rama Judicial en su conjunto entienda que debe hacerse una revisión de fondo sobre sus comportamientos, la manera en que selecciona a sus dignatarios y en que toma las decisiones. Es necesario que entiendan el daño que se le hace a la institucionalidad y que puede terminar en una rama del poder público con menos independencia, lo que ha sido un remedio peor que la enfermedad en otros países del continente.
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