Una vez comenzado el retorno a la paz después de más de cinco décadas de guerra, el próximo objetivo para construir un mejor futuro para Colombia tiene que ser emprender una lucha total y sin cuartel en contra de la corrupción, fenómeno que si bien no solo afecta de manera grave a nuestro país viene siendo la madre de todos los grandes problemas que afrontamos, y un lastre enorme para el crecimiento y la prosperidad.
La confesión del exviceministro de Transporte Gabriel García en el sentido de que sí recibió sobornos para adjudicarle obras a la constructora brasileña Odebrecht, evidencia una práctica en la que se le tuerce el cuello a la ley y a la transparencia en la entrega de contratos de obras públicas. El escándalo ha crecido como espuma, y empieza a mojar los zapatos de varios personajes de la vida política nacional. El origen de las investigaciones está en Brasil con la llamada Operación Lava Jato, la cual tiene a más de un líder político de ese país al borde de la prisión, como ya le pasó al máximo jefe de esa empresa, Marcelo Odebrecht.
Hoy es claro que a finales de la década pasada la polémica constructora fue beneficiada con la segunda fase de la Ruta del Sol, vía que une al Magdalena Medio con la Costa Atlántica. En esto hay que tomar en cuenta la revelación que hizo la semana pasada el exministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez, caldense, quien relató que pese a que él le pidió personalmente al expresidente Uribe que le dejara al nuevo gobierno de Juan Manuel Santos la adjudicación de esa obra, a menos de 72 horas de finalizar ese gobierno esta fue entregada a Odebrecht. Ahora bien, lo que se asegura es que entre el 2009 y el 2014 esa compañía habría entregado cerca de 11 millones de dólares en sobornos en Colombia.
En próximos días podríamos conocer nuevos hechos relacionados con este vergonzoso caso de corrupción, en el que según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hay comprometidos cerca de 788 millones de dólares entregados por Odebrecht a funcionarios de gobiernos de 12 países de América y África.
Aunque no hay evidencias de que estas coimas también se hayan dado en torno a la construcción de la hidroeléctrica Miel I en la década de los 90 y la más reciente adjudicación del dragado del río Magdalena a un consorcio del que hacía parte Odebrecht, esa posibilidad cabe, tristemente. Ojalá que no, y que en Caldas no resultemos manchados por esa podredumbre. Como sea, resulta urgente que en Colombia se tomen decisiones más fuertes en el castigo de los corruptos, de tal manera que haya un escarmiento real.
Ahora que se observa a un fiscal General que dice estar comprometido con perseguir la corrupción y que llega un nuevo procurador que promete lo mismo resulta vital que se profundicen las investigaciones, no solo alrededor de Odebrecht y sus contratos, sino también en lo referente a Reficar y Bioenergy, por ejemplo. Además, es necesario que quienes resulten involucrados no reciban el más mínimo beneficio legal, y tengan que ir a la cárcel como cualquier delincuente.
También llegó el momento de no solo hacer seguimiento a la transparencia de las adjudicaciones, sino también alrededor de la calidad de las obras, porque si empresas como Odebrecht están dispuestas a dar millonadas para ganar contratos, cómo puede confiarse en la buena calidad de las obras que entregan. Es posible que también se le esté haciendo conejo a las condiciones establecidas en los pliegos. Como están las cosas es necesario desconfiar de todo y revisar cada detalle con celo total.
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