Los pecados del Vichada

El departamento del Vichada se caracteriza por estar formado por amplias sabanas que en inmenso porcentaje se encuentran improductivas. Numerosos sectores han visto esos terrenos como el gran potencial que tiene el país para desarrollar actividades agropecuarias a gran escala, que le permitirían a Colombia competir con ventaja en el mercado global y aprovechar mejor los TLC que viene firmando con varios países. Es una verdad innegable que en esa zona es fundamental ampliar la frontera agrícola y convertirla en una región próspera.

Está muy bien, por tanto, que haya empresarios interesados en generar proyectos productivos en esa región y que estén trazando planes para expandir sus operaciones, con el fin de ser más competitivos y tener una mejor capacidad de respuesta ante las exigencias del mercado. Lo que está muy mal, por ser una protuberante falla que debe ser sancionada sin contemplaciones, es que se estén usando estrategias ilegales para apropiarse de esas tierras, lo que además de afectar a los campesinos vendedores, a los que les pagan precios irrisorios, es una total burla contra el Estado.

Ante las numerosas denuncias, encabezadas por el senador Jorge Enrique Robledo, y la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación formal y trasladó copias a la Unidad Nacional Anticorrupción, pues algunos funcionarios del gobierno, como el actual embajador de Colombia en los Estados Unidos, Carlos Urrutia, podrían estar implicados en la compra de predios para grandes compañías colombianas y extranjeras, por medio de empresas de fachada, y eludiendo los límites que impone la Ley 160 de 1994, de unas mil hectáreas en el caso de Vichada.

El ingenio azucarero Riopaila Castilla y la multinacional Cargill serían apenas dos de las muchas compañías que habrían adquirido de manera irregular cerca de 140 mil hectáreas de tierras en ese departamento. El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, ha sido enfático en decir que se ha dado allí una concentración ilegal de tierras. El mecanismo era muy simple: la creación de numerosas sociedades de acciones simplificadas (SAS) que se dividieron la compraventa para tratar de esconder a sus verdaderos dueños. Riopaila habría adquirido así 32 mil hectáreas.
 

Si bien en Colombia, la negociación de baldíos es legal, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, e incluso permanentemente se están titulando baldíos a beneficiarios de la reforma agraria (Ley 160 de 1994), lo grave es que empresarios usen triquiñuelas jurídicas para engañar a campesinos y tratar de evadir impuestos, entre otros. En este caso, grandes capitales se están pasando las normas por la faja y se están aprovechando del Estado. Las investigaciones deben avanzar y sacar a la luz pública a todos los responsables, quienes deberán ser juzgados por la justicia penal.

Una consecuencia grave de esta situación es que en esos terrenos se vienen ejecutando proyectos con una gran inversión privada, en buena medida extranjera, y por tanto podrá haber grandes afectaciones económicas y desestímulo para la llegada de capitales foráneos. Sin embargo, es posible estudiar alternativas para que se cumpla la ley y se pueda continuar adelante con las actividades productivas, tal vez involucrando como socios a los propietarios originales de las tierras. En la nueva ley de inversión extranjera en el campo, que se tramita en el Congreso, hay que tomar todo esto en cuenta.

El caso del Vichada es el de un inmenso territorio al que es necesario atraer la inversión, para generar cultivos de palma de aceite, caucho y de árboles maderables, entre otros, pero ceñidos ciento por ciento a la legalidad. Es cierto que el desarrollo de ese departamento no se logrará a través del minifundio, de manera independiente, pero sin torcerle el cuello a la ley podría pensarse en involucrar las UAF (Unidad Agropecuaria Familiar) a proyectos impulsados por grandes compañías, en los que todos ganen. Para eso se necesita en Colombia una política seria de desarrollo agrícola.