Las ejecuciones extrajudiciales

paso muy lento avanzan la mayoría de procesos por ejecuciones en Caldas a manos de miembros de la Fuerza Pública, hecho que ya completa hasta 10 años sin que se logren resultados concretos y tranquilidad para los familiares de quienes fueron asesinados y presentados ante la opinión pública como delincuentes, con lo que no solo se les quitó el derecho a la vida a estas personas, sino que también se afectó su honra. De nuevo la impunidad hace de las suyas en una de sus formas más perversas, la lentitud procesal.

El pasado domingo LA PATRIA dio cuenta de cómo los expedientes de estos casos en Caldas prácticamente se alargan sin que se llegue a definiciones, lo que es malo para las familias que no encuentran justicia, pero también para los mismos implicados que ven cómo se perpetúa su situación de sub júdices. Es necesario que los procesos avancen y se llegue a decisiones de fondo y definitivas para conocer de una vez si las acusaciones contra uniformados tenían algún asidero o no.

En nuestro departamento se investiga si 66 homicidios obedecieron a este tipo de abuso de autoridad, del cual sacaron provecho unos 300 militares adscritos a este territorio, pues ya sabemos que de la política que buscaba premiar a quienes dieran resultados hicieron de ella una excusa para cometer crímenes execrables como han sido estas ejecuciones. Si con el caso de La Java, en Manizales, se pudo llegar a condenas, ¿por qué en los otros no? Son siete los uniformados condenados por este crimen, y eso que falta resolverse la situación de un civil acusado de reclutar y de un mayor del Ejército.

Dijo la Corte Suprema de Justicia en una decisión sobre las ejecuciones extrajudiciales que este delito no es un homicidio cualquiera. Corregía así una decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena que condenó a un grupo de militares por el asesinato de una persona que luego fue presentada como parte de un grupo delincuencial, pero la sentencia fue por homicidio simple. Fue enfático el máximo organismo de la justicia ordinaria en el país en advertir que esta clase de hechos cuentan con agravación, pues tiene planeación, premeditación y actúan como delincuentes agentes del Estado. Dice El Espectador, que contó de este fallo, que en él también se advierte que no se entiende cómo la Fiscalía o la Procuraduría permitieron esto y no advirtieron de ello.

Las estrategias dilatorias que emprenden abogados y en ocasiones permiten los funcionarios judiciales son un mal que enloda el principio de la lealtad procesal. Bien vale la pena que se haga uso de las sanciones que contemplan los códigos para quienes hacen de esta práctica una manera de impedir que se llegue a pronta y cumplida justicia y que los jueces como directores de la actuación procesal no permitan que se den. El daño de estos crímenes se suma al que se causó a la sociedad, que por situaciones como estas que llegaron a ser generalizadas en ciertas guarniciones y momentos, perdieron confianza en su Ejército, lo que es gravísimo en un país que requiere que este tenga el aprecio de la población para poder obtener resultados más contundentes. Si no hay justicia será muy difícil recuperar del todo esa necesaria confianza.