l Concejo de Manizales es una entidad política por naturaleza. Claro que tiene el papel de coadministrar en el escenario público local, pero su esencia, por la forma en que se compone y por las responsabilidades que le son endilgadas, lo hacen una corporación en la que los acomodos, las coaliciones, las oposiciones, las leguleyadas están a la vuelta de la esquina, como en cualquier cuerpo colegiado conformado con carácter electoral. Por eso a nadie asusta que se haya propuesto una nueva reforma a la estructura administrativa en la que se propone crear 10 nuevos cargos, con más gente, pero que supuestamente valdrá menos plata, según los autores.
No se puede olvidar que las mayorías del Concejo no son las mismas que gobernaron durante los tres años anteriores y que estamos ad portas de las elecciones de nuevos dignatarios. Por eso llama la atención las carreras por aprobar esta reforma que en sana lógica deberá entrar a regir a partir del próximo año con nuevos integrantes de la Corporación, pues ahora no se puede poner en marcha por cuenta de la Ley de Garantías y en el mejor de los casos se ejecutaría en diciembre, lo que a todas luces no está bien visto, pues sería imponerles el personal a los futuros corporados.
El mayor cuestionamiento que se ha hecho a este proyecto es la falta de un acto administrativo nombrando la comisión que elaboró el estudio técnico para soportar los cambios, tal como lo exige la ley. A pesar de que los proponentes estaban muy convencidos, y así lo habían pregonado, que todo estaba legalmente armado, bastaron unos cuantos interrogantes de quienes hoy hacen la minoría para que tuvieran que aceptar un aplazamiento para soportar mejor los argumentos. Seguramente al Concejo le hace falta una reforma, pero no hay necesidad de correr si ni siquiera se puede poner en marcha de una vez.
Durante el debate del pasado jueves hubo acusaciones de posible corrupción en la corporación, de concejales que cobran parte del salario a quienes ayudan a nombrar, pues bien valdría la pena que se investigara si realmente quienes están nombrados piden entregar sueldos completos y si están allí por capacidad o solo por recomendación política, pues buena parte de las críticas que se gana esta entidad, tiene que ver con la falta de seriedad en el estudio de propuestas y con las razones para oponerse o apoyar al Gobierno local, lejos en muchos casos de argumentos valederos y sí cerca de movimientos en torno a clientelismos, como funciona buena parte de la politiquería en este país.
Sea pues bueno que el debate se aproveche para que se realice una autocrítica en la Corporación. Que los mismos concejales adviertan si es necesario el personal que se tiene, si no es hora de ir pensando en reducir el número de concejales y elevar una propuesta al Congreso de la República para disminuir las curules y hacer más eficientes estas organizaciones, inclusive con reglamentos que obliguen a hablar cuando se esté preparado para ello, a que deban tener una mayor transparencia de sus actos y sesiones y acabar con aquellas que se hacen a medianoche. Que la reforma no sea para tener unos puestos que den votos, sino para hacer un Concejo más eficiente. No solo que así se diga en los argumentos, sino que así se haga.
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