Los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en México, llenan de indignación a la sociedad dentro y fuera de ese país, como ninguno de los hechos violentos anteriores lo lograron, ni siquiera el asesinato de 72 hondureños que viajaban en busca del sueño americano, ni las muertes sistemáticas de otros centroamericanos, ni las atrocidades cometidas contra los pocos periodistas que todavía se atreven a levantar su voz contra el narcotráfico o la corrupción de agentes de las policías locales que, en muchos casos, se han convertido en los mayores cuidanderos de quienes ejercen la violencia.
La indignación puede deberse a muchas cosas, entre otras, a que los muertos en esta oportunidad, son jóvenes estudiantes que fueron detenidos inicialmente por la Policía, lo que hace que su desaparición y posible muerte sean entendidas como un crimen de Estado, situación que en Colombia sabemos muy bien la tragedia que significa. Esa misma complicidad entre actores de los cuerpos armados legítimos y la delincuencia ha sido uno de nuestros peores lastres hasta la vergüenza que han resultado ser las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas que se cometieron a lo largo y ancho del país, so pretexto de hacerlas pasar como positivos en combates.
Sin ser el mayor momento de violencia en el país azteca, sí es el de mayor dificultad para el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien en estos dos años no había sufrido una situación más difícil, a lo que se sumó el no haber cancelado la gira internacional por Asia y Norteamérica, que hizo que los protestantes consideraran que no se tomó en serio las investigaciones por la posible matanza. No es fácil para el retorno del PRI al poder esta situación que para muchos es el regreso de la vieja llamada dictadura perfecta, con los métodos que durante años usó para contener a quienes estaban en contra de esas situaciones.
Si definitivamente no se toma la decisión de unificar la Policía, que depende de una dirección vertical, será muy difícil controlar este tipo de hechos. Policías municipales enfrentando a un enemigo trasnacional o que están diseñadas para servir a los alcaldes de turno solo provoca que se creen pequeños poderes armados, que ya hemos visto cómo terminan. A esto se suma la falta de políticas claras del Gobierno central para apoyar las decisiones locales. La debilidad de los municipios para enfrentar grandes problemas es una constante en Latinoamérica. Por eso muchas veces pequeños problemas locales se vuelven grandes tragedias nacionales, porque alguien que tenía que tomar la decisión de apoyar no lo hizo. Aquí se investiga si las diferencias políticas entre el alcalde y el gobierno federal llevaron a la falta de respaldo oportuno, con lo que se baja a la más ruín de las formas de oposición política.
Ojalá que las familias de estos jóvenes encuentren pronto la verdad y que sobre los responsables recaiga todo el peso de la justicia, pero es difícil creerlo, cuando México sigue esperando que se encuentren a los responsables de los 25 mil desaparecidos presentados en el Gobierno anterior y de los 70 mil muertos. Si no se resuelve el problema de impunidad difícilmente van a hallar un camino mejor y todo puede deteriorarse más. En Colombia tenemos bastante experiencia en eso.
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