Según la revista Forbes, las Farc son el tercer grupo terrorista más rico del mundo, lo que coincide con una investigación de un equipo élite de las Fuerzas Militares que va tras las propiedades de esta agrupación, cuyos hallazgos más importantes hasta ahora los reveló ayer el diario El Tiempo. En esta tarea se han encontrado latifundios, títulos valores por precios exorbitantes y centenares de cuentas, todo a nombre de testaferros y de complejas redes creadas a partir de colaboradores y familiares de jefes guerrilleros, a la mejor usanza de los capos del narcotráfico.
La economía de las Farc debe ser parte de la verdad que se les reclama a los negociadores en La Habana. Como lo han señalado varios analistas y críticos del proceso de paz, entre ellos el procurador general, Alejandro Ordóñez, las negociaciones no pueden convertirse en la legalización de las fortunas malhabidas de estos delincuentes. Esos dineros tienen que servir para la reparación que el grupo guerrillero tiene que hacer a sus víctimas, que se cuentan por cientos de miles a lo largo y ancho del país, una tarea que también está pendiente con los jefes paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz que desarrolló el Gobierno de Álvaro Uribe.
En la gira que realizó en días pasados el presidente, Juan Manuel Santos, a Europa buscó el apoyo de los países desarrollados para que sumen a una bolsa que permita allegar recursos en favor de una cuantiosa inversión para que el país pueda dar pasos firmes de cara al postconflicto, el cual ya se vive en muchas regiones, como sucede en buena parte del Eje Cafetero, principalmente en Caldas. Y eso está bien. El dinero para cumplir con ese objetivo que llegue de ayuda internacional, que se haga un esfuerzo propio a través del presupuesto nacional, pero es indispensable que las Farc pongan lo que les corresponde.
No puede permitirse que siendo tan ricas como son, contraviniendo todo lo que dicen defender, queden los jefes guerrilleros tan tranquilos reconociendo unos cuantos crímenes y haciendo de sus fortunas la riqueza personal de sus dirigentes, con un estilo muy estalinista, que tan bien les viene. Son cerca de 150 mil hectáreas las que se calculan que están tratando de legalizar los jefes del grupo guerrillero, más centenares de predios urbanos.
Así que este tema lo tendrá que abordar la mesa de negociaciones en Cuba y viene muy bien que las Fuerzas Militares estén investigando esos patrimonios para poder avanzar en procesos de extinción de dominio, de recuperación de bienes del Estado y, sobre todo, contar el Gobierno y su equipo negociador con argumentos suficientes y sólidos para confrontar a sus contrapartes en un tema que puede convertirse en más difícil, inclusive, que la aceptación de crímenes, el de devolver esas fortunas o incorporarlas a una bolsa común para reconocer a sus víctimas. Este capítulo se tiene que abordar y de manera clara y transparente. Veremos hasta dónde llega la voluntad de los negociadores de las Farc cuando les toquen el bolsillo.
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