La venta de Isagén

sagén es uno de los activos más valiosos del Estado, la empresa generadora que provee cerca de una quinta parte de la energía que se consume en el país, es también una de las fuentes de recursos más importantes para el erario público, gracias a una operación muy rentable y muy bien administrada. Desde hace más de 15 años se habla de vender la compañía. A finales del siglo pasado, cuando el país atravesaba una recesión económica compleja se puso el tema por primera vez sobre el tapete. Entonces se trataba de una operación de supervivencia, a la que por fortuna no se llegó pues con lo recibido se habrían pagado gastos de funcionamiento y por estos días no quedaría nada.

Más tarde, bajo la Presidencia de Álvaro Uribe, se retomó el asunto, invocando la necesidad de atender obligaciones impostergables del Estado, y entonces se vendió un 20% de la propiedad de la empresa, y sus acciones se empezaron a negociar en la bolsa de valores. Quienes compraron esos títulos han hecho una buena inversión. Hace dos años, ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, la venta del 57% que aún conserva el Estado volvió a mencionarse como estrategia de financiación de inversiones públicas. En ese momento, como hoy, el argumento es apalancar con ese dinero el programa de construcción de vías conocido como 4G, con el cual se pretende sacar al país de su enorme atraso en infraestructura con inversiones cercanas a los 40 billones de pesos.

A la decisión de venta que tomó el Gobierno le surgió a última hora un escollo jurídico, pues un recurso interpuesto ante el Consejo de Estado suspendió el proceso, y se espera que, en derecho, se confirme la legalidad de lo que pretende el Gobierno. Sorprendería que se declarara que no se puede continuar con la venta, toda vez que lo que se está negociando no es la totalidad de las acciones, y ya el Estado pudo, cumpliendo con la Ley, vender una participación de su propiedad. Si se supera el inconveniente jurídico, habría tres empresas -todas con capital externo- que participarían en una puja que se cree que le podría dejar al Estado 5,2 billones de pesos, dinero con el que fortalecería la Financiera de Desarrollo Nacional -FDN-, que a su vez financiaría la construcción de las obras viales.

Los defensores de la venta dicen que la FDN tendría mejores rendimientos financieros que lo que se está recibiendo por la participación en Isagén. Los detractores argumentan que para qué vender un buen negocio, que con sus propias utilidades puede ayudar en los planes del gobierno, y que además existe la posibilidad de endeudarse para conseguir los recursos que hacen falta para los planes de infraestructura. Lo cierto es que Isagén hace 2 años, cuando no había entrado en operación Hidrosogamoso, se creía que valía 4,5 billones de pesos, y hoy con ese proyecto funcionando, la valoración se estima en 5,2 billones. Aunque sobre esos valores hay muchos y muy serios estudios, siempre habrá elementos subjetivos que hacen que las cifras puedan variar ostensiblemente.

Si el dinero de la venta de Isagén va a nutrir un patrimonio autónomo de cuyos fondos le van a prestar dinero a los constructores del programa 4G, y los intereses que se recibirán por ese concepto son mayores a lo que se recibe por dividendos de la generadora, hay un aparente buen destino del dinero, pero no justifica la venta, pues se pueden buscar otras fuentes, no necesariamente públicas, para apalancar esos recursos.

Para quien tenga dólares para esta inversión, la sola fluctuación en la tasa de cambio en los dos últimos años le ha reducido la necesidad de capital en una tercera parte, por lo que el negocio es mucho más atractivo. Para el Estado, deben pesar más los argumentos financieros que los ideológicos, y aclarar mejor los fundamentos de la decisión de vender en términos económicos.