Hoy, a las 5:00 de la tarde en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos, en representación del Estado colombiano, y Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), en representación de una guerrilla que decide desarmarse y acatar las normas contenidas en la Constitución Política Nacional, estamparán sus firmas en el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc, el cual permite darle fin a un conflicto que nació en 1964 con un grupo de campesinos alzados en armas y con el que ahora se abren nuevos espacio para la reconciliación.
Si bien este es el acto mayúsculo alrededor del acuerdo entre las partes, habrá que esperar hasta el próximo domingo 2 de octubre, cuando los colombianos saldremos a votar para refrendar el resultado de cuatro años de diálogos, con el que se pretende superar errores del pasado que fueron caldo de cultivo para alentar el conflicto y al mismo tiempo comenzar a edificar el nada fácil camino de una paz estable y duradera para todos los colombianos.
Durante largas y tensas jornadas los equipos negociadores liderados por el caldense Humberto De la Calle, a nombre del Gobierno, y por Iván Márquez, por las Farc, hablaron de los seis puntos contenidos en una agenda previa, pactada en secreto en medio de las vicisitudes de la guerra. En esto, hay que destacar que haber fijado unos puntos específicos de discusión, una mesa fuera de Colombia, un pacto de confidencialidad y el haber establecido que nada estaba acordado hasta que todo fuera acordado se convirtieron en los pilares de un resultado, que si bien no es perfecto, sí es el mejor posible.
Hoy sabemos que varias veces las conversaciones estuvieron a punto de caerse por la radicalidad de los planteamientos de la guerrilla, que resultaban inaceptables para los voceros del Gobierno, quienes tenían claro hasta dónde podían ceder en cada uno de los puntos. Sin embargo, la cohesión del equipo liderado por De la Calle, y la sabiduría con la que fueron conducidas las negociaciones, llevaron a que los guerrilleros hayan aceptado entregar las armas, someterse a una verificación internacional y a comparecer ante un tribunal especial frente al cual tendrán que decir toda la verdad si no quieren penas de hasta 20 años de cárcel.
El Acuerdo Final que hoy se firma en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en La Heroica, también permitirá convertir en realidad viejos proyectos que se quedaron a mitad de camino para cerrar las brechas sociales y económicas entre las zonas rurales y las urbanas en Colombia, además de aprovechar todo el potencial de la tierra y de la mano de obra campesina con el propósito no solo de brindar seguridad alimentaria a todos los colombianos, sino de modernizar el campo y proteger las reservas medioambientales que hoy están amenazadas por la expansión de la frontera agrícola, el crecimiento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
A propósito de los cultivos ilícitos, origen del malhadado narcotráfico que tantos problemas nos ha causado, lo contenido en el Acuerdo Final ayuda a que se pueda impulsar una gran política de sustitución, con mayor tecnificación y beneficios para los trabajadores de la tierra, lo que también ha de contribuir a que se fortalezca toda la economía nacional y a que salgan de la pobreza millones de familias que tendrán nuevas opciones, todas legales, para generar su sustento y ver recompensados sus esfuerzos por garantizar alimentos para el consumo interno, y también para la exportación.
En lo que tiene que ver con la participación política se abre el espectro a que puedan cumplirse los postulados de democracia participativa de la que habla la Constitución de 1991. La oportunidad no es solo para las Farc que, después del respaldo unánime a lo pactado en la recién terminada Décima Conferencia, se podrá convertir en partido o movimiento político, sino para todas las fuerzas sociales independientes que hasta el momento no han encontrado expresión en el actual escenario político. Vendrá, sin duda, una gran transformación y fortalecimiento de nuestra democracia, que obligará a los partidos a alejarse de la corrupción y de las manipulaciones actuales.
Para quienes han sufrido en carne propia el conflicto armado también se abren panoramas que les permite recuperar la opción de mirar el futuro con esperanza. Cerca de 7 millones de colombianos, por lo menos, han vivido de cerca el horror de la guerra y tienen la posibilidad de dejar atrás esos negros recuerdos y emprender nuevos proyectos de vida alejados del resentimiento y de los ánimos de venganza. El haber privilegiado en este acuerdo la reparación moral y material, que obliga a buscar la verdad de lo ocurrido, ayudará a que los victimarios pidan perdón, se sanen las heridas y se corte el remolino de violencias en el que viene Colombia desde hace décadas.
Para muchos, con razón, no es fácil ver convertidas a las Farc en un actor político, luego de todos los hechos de barbarie que cometieron, pero el solo hecho de que hoy decidan someterse a entregar las armas es una gran ganancia para el futuro del país. Tampoco puede perderse de vista que la degradación del conflicto había llegado a escenarios tan irracionales que, también alimentados por el narcotráfico, el paramilitarismo y hasta algunos agentes del Estado llegaron a comportarse de manera criminal, siendo la más afectada en todos los casos la población civil. Si no es por el camino de la reconciliación y de la justicia restaurativa las huellas de tales acciones nunca podrán ser borradas.
Así es que, a la expectativa de lo que ocurra el próximo domingo, lo que debemos tener claro todos los colombianos es que la tarea ahora es dejar atrás los odios, desarmar los espíritus en la política, acompañar a las víctimas, exigir el esclarecimiento de las verdades del conflicto, impulsar las reformas que hagan posible la construcción de un nuevo país más justo y próspero, y construir una paz que nos mantenga como protagonistas de un mundo también ávido de concordia y entendimiento. Debemos entender que en este momento nos estamos jugando la historia de Colombia, y que no hay lugar a equivocaciones.
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