Según las cuentas del Gobierno nacional, son 64 mil 500 las familias colombianas que viven de la siembra de la coca. El acuerdo que se firmó con las Farc y que se dio a conocer el pasado viernes desde La Habana busca que en 30 días se inicie en Briceño, noroccidente antioqueño, un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, como piloto, que de funcionar podría ser replicado en el resto de la geografía nacional. Este municipio también formó parte del primer acuerdo para el desminado humanitario conjunto hace un par de años, por lo que se va volviendo referente importante de laboratorio del postacuerdo de paz.
Aunque la sustitución de cultivos ilícitos y el acompañamiento a las comunidades que decidan no seguir sembrándolos debe ser una obligación del Estado y no puede depender de acuerdos firmados con otros. El que se haga este compromiso desde las negociaciones en La Habana ayuda en el proceso de desescalamiento del conflicto armado con la agrupación guerrillera y la compromete también a cumplir con la promesa anterior de que romperían todo vínculo con el narcotráfico y los cultivos ilícitos.
Como nos tienen acostumbrados los acuerdos conjuntos, después del anuncio seguirá la realización de protocolos y el diseño de mecanismos para que se haga de la mejor manera. El que se hubieran escogido apenas 10 veredas de un municipio, extendible a otras de ese mismo lugar si así lo desean, es ponerle un tono de realidad a las cosas y permitirá medir las dificultades, las barreras que se puedan presentar y cómo identificar las situaciones problemáticas al poner en marcha este tipo de políticas de las que el país ya tiene una experiencia valiosa, pero claramente insuficiente y nada efectiva como lo prueba el crecimiento de los cultivos ilícitos.
Hay que celebrar que habrá un grupo de acompañamiento a esta iniciativa en la cual estarán, por supuesto, las partes que dialogan en La Habana, y también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc, por sus siglas en inglés) así como voceros de la comunidad, que ojalá tengan voz suficiente para que haya compromiso de su parte para la sustitución e ideas desde su conocimiento sobre el territorio para saber cuál puede ser el mejor programa. Otras organizaciones que participarán de este proceso son la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Este paso se integrará al punto cuatro ya acordado por gobierno y Farc, llamado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, que forma parte ya del acuerdo General para la Terminación del Conflicto, pieza fundamental de todo este andamiaje compromisorio de las negociaciones de paz que, aunque no esté acordado del todo hasta que todo esté acordado, empieza a ver esfuerzos que ojalá den los resultados para ir quitando manos y elementos que alimentan la guerra en nuestro país. Esperamos que el 10 de julio, fecha fijada para poner en marcha este acuerdo, esté listo y se empiece de una vez a aplicar y si funciona se repliqué pronto con otras comunidades dispuestas a acogerlo.
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