Qué difícil momento vive Caldas. De nuevo el gobernador elegido, en esta oportunidad por amplia mayoría, Guido Echeverri Piedrahíta, debe abandonar el cargo sin haber terminado su periodo. Esta situación se repite desde el 2011, cuando el entonces mandatario, Mario Aristizábal Muñoz, fue suspendido del cargo y no pudo volver a él. Entre interinidades y titulares, se completarían 10 mandatarios seccionales en 4 años y 10 meses. Como es obvio esto genera todo tipo de traumas en la Administración y en el Gobierno, que no le convienen a ninguna región. Por eso preferíamos que no se presentara la suspensión provisional, pues esto en vez de generar tranquilidad, que es lo que supuestamente se busca con esa decisión judicial, genera zozobra a la espera de que se resuelva de fondo la decisión.
Al propio Consejo de Estado le cabe responsabilidad por esta penosa situación que hoy vive Caldas. El fiscal electo, Néstor Humberto Martínez, en su función de ministro de la Presidencia, pidió a la Sala de Consulta y Servicio Civil de ese organismo que conceptuara sobre la probabilidad de que se presentara inhabilidad si una persona que había sido electa en un cargo y se declaró la nulidad en él, pueda volver a aspirar en el siguiente periodo. Esta conceptuó entonces, contra la opinión de varios juristas, que la nulidad se entendía como que nunca se hubiera producido el hecho jurídico, por tanto no se presentaba inhabilidad. No obstante, ahora otra Sala del Consejo de Estado, la sección Quinta, esta sí con dientes, parece opinar lo contrario. Decimos parece, porque el tema aún es un litigio jurídico vivo, en donde los abogados de Echeverri insistirán en que la opinión valedera constitucional y legal es aquella en la que se basó el concepto no vinculante.
También le cabe responsabilidad, igual que hace cuatro años, al Consejo Nacional Electoral que indicó previo a la elección que no había inhabilidad, como acostumbra hacerlo esta institución política que debe resolver en derecho, haciéndose a argumentos sin mayor valor y más bien dejando de lado la sustentación de fondo. Así evade la responsabilidad que tiene de impedir que se presenten estos sobresaltos democráticos que tanto mal le hacen a un Gobierno y a un departamento. Esto es ya una realidad y no queda más que prestar atención a lo que sigue y con mucha expectativa, pues los juzgadores, en este proceso, han tomado decisiones a nuestro modo de ver, exageradas, como compulsar copias para que se investigue al senador Luis Emilio Sierra por coadyuvar la demanda. ¿Si lo puede hacer cualquier ciudadano, cómo no un representante político?
Como si fuera poco el enredo en el que estamos los caldenses, el Gobierno Nacional designó al exministro de Ambiente Gabriel Vallejo para recibir temporalmente el cargo de gobernador, pero fue tal la descoordinación en este punto, que Vallejo se encontraba fuera del país y no podrá, al parecer, asumir ese encargo. El exfuncionario era, sin duda, prenda de garantía de que la administración continuaría por la senda correcta. Ahora bien, desde el viernes en la noche se conoció la terna que el Partido de la U le envió al presidente Juan Manuel Santos como lo solicitó el Ejecutivo. En cualquiera de los tres nombres propuestos el departamento quedaría en buenas manos. Jairo Quintero Trujillo, Adriana Arango Gómez o Germán Cardona Gutiérrez dan tranquilidad en el difícil tránsito de Caldas.
Quien sea escogido sabemos que tomará decisiones con el mayor respeto por la ley y con la eficiencia que exige un momento como este. Confiamos en que sabrá continuar adelante con el Plan de Desarrollo, tan celebrado por alcaldes, gremios y comunidad en general, y que sabrá tocar puertas clave en el Gobierno Nacional que signifiquen el cumplimiento de los objetivos. Su paso estará sometido a las inseguridades típicas que genera una interinidad. Quien sea, ojalá llegue pronto a asumir el mandato en lo que le corresponde y que el Consejo de Estado defina de fondo para que haya los menos traumatismos posibles adicionales a los que ya se viven.
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