n algunos sectores de la comunidad manizaleña hay cierta euforia, debido a que el Concejo Municipal se pudo poner de acuerdo con la Administración Municipal para presentar un proyecto con el que se pudo derogar el impuesto al teléfono, y aprobarlo, como en efecto ocurrió el pasado jueves. Los que celebran deben pensar que, así el año pasado solo se hubieran recaudado cerca de $2 mil 800 millones por ese concepto, se trata de un dinero nada despreciable para apoyar a la Policía con equipos y logística, y con lo cual se le puede exigir que cumpla cabalmente su trabajo.
La determinación de la totalidad de los concejales empezará a regir a partir del primero de enero del 2016, quedando atrás casi una década en la que tales recursos llegaron a las arcas municipales, para ser invertidos en asuntos de seguridad. Es posible que la idea inicial de que una empresa como Manizales Segura se encargara de administrar esos dineros no fuera la más acertada, pero de lo que no cabe duda es que a la ciudad no le estaba sobrando lo recaudado por ese impuesto, y ahora se tendrán que buscar nuevas fuentes para dicha inversión.
Ese argumento de que hay recursos de libre destinación en el presupuesto del Municipio que pueden reemplazar lo que se dejará de recoger no es más que una falacia. Lo que va a pasar es que dineros que hoy se destinan a otros temas como la educación, la salud y las pequeñas obras para las comunidades se verán disminuidos, porque habrá que sacar de allí para cubrir las necesidades de seguridad, que cada vez son más apremiantes. La Secretaría de Hacienda dice que el año entrante se tendrán $15 mil millones para seguridad. La pregunta es de dónde se tomará ese dinero. Debemos reconocer que si hace 10 años éramos vulnerables a la delincuencia, hoy lo somos aún más. Así que no contar con los recursos de ese impuesto es, en verdad, un retroceso.
Se dirá que el gravamen era antitécnico o que no logró el impacto que se proyectó, y tal vez haya razón en eso. Sin embargo, de ser eso cierto, más que acabar el impuesto lo que se requería era ajustarlo, hacerlo más equitativo, y ser más exigentes en la vigilancia de la ejecución de esos recursos. La determinación de acabarlo, y más en las épocas preelectorales que vivimos no deja de tener un tufillo populista. Es evidente que a los ciudadanos a los que hoy se les cobra el impuesto les va a gustar que se acabe esta carga impositiva, pero la pregunta es: ¿Es eso lo que más le conviene a la ciudad?
Es necesario reflexionar acerca de lo que vendrá en el futuro, si se llega a firmar un acuerdo con las guerrillas para ponerle fin al conflicto armado. La experiencia de otros países que han vivido esta clase de violencias y que después logran un acuerdo de paz, es que los problemas de delincuencia se hacen más agudos en las ciudades, y por eso los expertos advierten acerca de lo difícil que puede resultar el posconflicto. En ese marco, Manizales, como las demás capitales, va a requerir cuantiosos recursos para garantizar la tranquilidad y la sana convivencia.
Debemos ser realistas. Esta semana, por ejemplo, la ciudad se ha visto conmocionada por el asesinato de un empresario y por la balacera entre líderes de bandas del microtráfico, lo que muestra una realidad que requiere atención de las autoridades, para que el ambiente no se deteriore más. Lo que se necesita es más dinero para la seguridad, pero también más para atender las necesidades de las comunidades desfavorecidas, ya que es con estrategias combinadas de prevención y control como es posible garantizar un mejor futuro.
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