La justicia en la renegociación de la paz

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación entregaron recomendaciones al Gobierno Nacional para que sean tenidas en cuenta en la renegociación del Acuerdo de Paz con las Farc que se cumple en La Habana. La salida el mismo día de las dos propuestas deja de manifiesto que se trató de una actuación coordinada y que buscaba generar presión ante la opinión pública para dar a entender que no hay tranquilidad en las altas esferas de la justicia sobre la jurisdicción especial para la paz. Aprovecharon que se está en una nueva etapa para ajustar los acuerdos y algunos puntos para dejar saber qué les gustaría ver más fortalecido.
Un punto clave es la definición de un tiempo establecido en cinco años para la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy en el Acuerdo no fija un límite en el tiempo. Les parece a los magistrados que es necesario poner este tiempo para que una institucionalidad que se crea para resolver un problema puntual no se convierta en una solución que se alargue y se convierta en otro agregado al poder judicial, sino que debe cumplir su papel y dejar que vuelvan las jurisdicciones ordinarias a asumir su rol una vez sea superada la coyuntura para la cual es creada la excepcionalidad como lo debe ser un proceso de paz o como en su momento se tuvieron otras jurisdicciones especiales como la justicia sin rostro en el país, que por fortuna ya no forma parte de nuestra juridicidad.
En el acuerdo estaban establecidos claramente los roles y competencias en los procesos de varias instancias, pero ahora la Corte sugiere que sea ella la que brinde las decisiones de cierre, que de alguna manera la jurisdicción especial para la paz sea su subordinada. De hecho propone no perder la competencia de las extradiciones, aun en los casos de quienes se sometan al acuerdo de paz. A esto se suma su defensa del derecho colombiano al cuestionar el nombramiento de jueces internacionales en los tribunales de paz si así se considerara. 
Como si fuera poco, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anotó que en aras de garantizar la seguridad jurídica del acuerdo, el ente acusador y la Corte Suprema integren la mesa de negociaciones. Sugiere que la presencia les permitiría solucionar situaciones aún complejas como revisar la tutela frente a las sentencias que se dicten dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el manejo de activos de las Farc, la cosa juzgada y sobre los terceros que financiaron los actores del conflicto, que se deben diferenciar entre los obligados y los que lo hicieron sin presiones.

Estas propuestas llegan en el momento en el que continúan los diálogos en La Habana para procurar la mejora del acuerdo, incluir algunos temas de quienes promovieron el No en el plebiscito y, por tanto, son oportunas y se deben considerar y ver la manera de que ayuden a desatrancar el momento difícil que vive el Acuerdo. No es tiempo de dilatar, sino de sumar en las soluciones. Además, lo que se logre mejorar servirá seguramente para la negociación pública que se inicia con el Eln mañana en Quito. Ojalá pues se llegue a un punto intermedio lo más pronto posible, porque esta zozobra y la falta de resultados están diezmando el ánimo de los colombianos en torno a la paz.