La eterna emergencia carcelaria

Desde el pasado 30 de abril cerca de 250 internos, de los cerca de 1.600 de la cárcel Doña Juana de La Dorada (Caldas), comenzaron una huelga de hambre como protesta por la precaria atención en salud que se les brinda. 17 de los manifestantes se cosieron la boca ante la ausencia de medidas que apunten a solucionar la grave situación. La directora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Caldas, Martha Lucía Fehó, se ha reunido con los líderes de la huelga y con familiares de los internos buscando acuerdos para que cese la protesta.
Pese a que el Gobierno Nacional destinó este año $83 mil millones para el Fondo de atención a personas privadas de la libertad, trámites administrativos tienen enredado el proceso, que se ejecutará a través de una fiducia. Los cálculos más optimistas indican que habrá que esperar hasta finales de junio para que empiece a resolverse el represamiento de las citas médicas. Los principales problemas ocurren en el primero y segundo nivel de atención, la falta de especialistas (753 reclusos tienen citas represadas) y en cirugías.
Ahora bien, lo que ocurre en La Dorada es solo una muestra de la grave crisis carcelaria en Colombia, una crisis eterna para la que solo se han aplicado paños de agua tibia, y debido a lo cual el hacinamiento sigue disparado, a la vez que se tiene un deterioro creciente de las condiciones de vida de los internos, no solo en Caldas, sino en todo el país. A esto se suman exigencias de los reos que van más allá de los presupuestos y de las políticas aplicadas en las penitenciarías, como la instalación de ventiladores en las celdas, televisión por cable en los patios y más tiempo para visitas conyugales.
Lo cierto es que en el contexto nacional, en las 20 principales cárceles (La Blanca de Manizales está en ese grupo), se alcanza un hacinamiento del 91,4%, según un reciente reporte del Inpec. Lo más grave es que se identifican allí 2.084 pacientes psiquiátricos, 4.215 con hipertensión arterial, 1.112 con diabetes, 611 con VIH y 89 con cáncer, los cuales no tienen una atención suficiente y se convierten en factores de riesgo que pueden multiplicar las enfermedades. La Defensoría del Pueblo también habla de 405 pacientes con problemas cardiovasculares, 184 con infección respiratoria aguda y 259 con tuberculosis. La emergencia sanitaria dictada por el Ministerio de Justicia apunta a controlar la situación, pero lastimosamente no aporta soluciones definitivas.
El fantasma de la corrupción también se hace presente en el trasfondo de la actual crisis, en la que la nueva Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) y la Fiduprevisora resultan involucradas. Incluso en Manizales fueron iniciadas unas obras de infraestructura para nuevas unidades médicas en el interior de la cárcel, las cuales están inconclusas por falta de recursos para terminarlas. La entrega de medicamentos e insumos médicos también es insuficiente, lo que ensombrece aún más el panorama, de acuerdo con un informe de la Defensoría.
La realidad sanitaria en las prisiones es tan grave, que la misma Defensoría pide una declaratoria de emergencia social y carcelaria, para que haya una agilidad mayor en la toma de decisiones, y estructurar planes más profundos y definitivos que tengan sostenibilidad de recursos y en el tiempo. 

Paradójicamente, la presión sobre esta crisis podría bajar en julio próximo, si se concreta la salida de las cárceles de cerca de 30 mil presos, debido a que no se les ha resuelto su situación jurídica. Ahora bien, lo más conveniente sería que los jueces definan pronto la mayor parte de estos casos, y que se tramite en el Congreso la iniciativa que busca ampliar el plazo de la actual norma, ya que al lado de muchos inocentes detenidos de manera injusta también hay gran cantidad de peligrosos criminales que regresarían a las calles a seguir con sus fechorías.