La coca que no cede

96   mil hectáreas sembradas en coca registró Colombia, y así se mantiene como el primer productor latinoamericano. El agravante es que sigue la tendencia creciente de estas siembras, lo que afecta las posibilidades de reducir los índices de criminalidad en el país, pues estas plantaciones ilegales son motor para motivar la violencia, según lo destaca la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés), que hace un monitoreo constante de estos sitios. Obviamente esto también genera el crecimiento de la producción de cocaína, lo que obliga a tomar acciones más contundentes para combatir este flagelo.
En el mapa de la coca en Colombia solo tres departamentos están libres de la planta. Son ellos Guajira, Cundinamarca y Caldas. Valdría la pena mirar tanto cómo combatir estas plantaciones más allá de la erradicación manual, que es claro que no está dando los rendimientos necesarios, como ver por qué no se enquistó la siembra de coca en un departamento como el nuestro en donde la hubo y mucha por órdenes de las Farc que la trajeron sobre todo al oriente de Caldas. Es importante recordar las fotografías del campo caldense obligado a sembrar coca. Los cafeteros supieron intercalar esos cultivos con el café, que es al que están ligados y en el que confían siempre para salir de apuros con la esperanza de que algún día volverán a recibir lo justo por ese pago. Ida la guerrilla de este territorio volvieron al cultivo legal, porque alejarse de los problemas es una naturaleza del cafetero, bueno por convicción. 
Resulta que Caldas es modelo de postconflicto, del mejor de todos, del que se gesta desde las comunidades y a pesar del abandono en la mayoría de los casos de la institucionalidad. Bien valdría la pena que el Gobierno Nacional atendiera los llamados repetidos de que preste atención a este laboratorio de paz que es nuestro departamento, que vivió una guerra muy intensa y en donde ya no coexisten los actores armados. Esto nos hace recordar los 33 minifundios del corregimiento de San Daniel en Pensilvania, amenazados con extinción de dominio por haber sembrado coca obligados por las Farc. El verdadero postconflicto tiene que entender estas realidades y atenderlas, no dejar a los ciudadanos expósitos contra el aparato del Estado.

La información sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos coincidió con el arranque del programa de erradicación y sustitución en Briceño (Antioquia), municipio que ha sido seleccionado como piloto por los negociadores de las Farc y del Gobierno en La Habana para implementar un programa que muestre el camino para que los campesinos puedan dejar de lado los cultivos ilícitos y confiar en el Estado, como promotor y garante de siembras que asegure su sustento en la legalidad. Para este fin es clave el compromiso interinstitucional, el acompañamiento técnico, la garantía de compra de los productos y la presencia estatal para acabar con el cultivo ilícito de quien no quiera someterse. 
El informe de la UNDOC identifica claramente que la expectativa de la sustitución ha llevado a más personas a sembrar en busca de beneficios, pues temen quedarse por fuera de la repartija. Se requiere también que el Estado sea más audaz e identifique pronto los cultivos viejos para evitar que esto pase, pues es natural que se tema ahora que los recursos se destinen todos a los que entren en el postconflicto y deje por fuera a gentes de bien que deben tener iguales o mejores beneficios.