La agenda del fiscal

El actual fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, lanzó recientemente dos temas que vienen generando revuelo en la sociedad colombiana, pero tal situación se debe sobre todo al evidente ánimo de generar polémica sin razones de peso. Primero fue su anuncio llamar a declarar al gabinete ministerial del presidente Betancur durante la toma del Palacio de Justicia, complementada luego con la intención de revisar las amnistías dadas hace 25 años a los guerrilleros desmovilizados del M-19, y el segundo su idea de que se apruebe en Colombia el aborto sin restricciones. Más pareciera una calculada estrategia para llevar a la opinión pública a enfocarse en esos asuntos y ponerles cortinas de humo a otros, o simplemente un ánimo de darse pantalla. 

Es indudable que Montealegre tiene cosas que no quiere que se aclaren, como los controvertidos contratos con Saludcoop que no ha podido explicar y que le han impedido al organismo que dirige hacer un trabajo más juicioso y comprometido con el bienestar de los colombianos, con respecto a las irregularidades que se cometen de manera permanente en las EPS. Más recientemente tampoco ha podido aclarar con suficiencia los polémicos contratos con la politóloga Natalia Springer, por cerca de $4 mil millones, una cifra exageradamente elevada, que no se compadece con los resultados precarios de ese trabajo. 

En este último asunto, también resulta curioso que el propio fiscal le haya ordenado a una de sus subalternas, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, realizar las investigaciones para determinar si existen o no irregularidades en esos contratos. En vista de que el propio Montealegre ha defendido el trabajo de la politóloga no deja de causar suspicacias este asunto, en el que muchos dudan que la investigadora pueda actuar con imparcialidad, y revelar si hubo irregularidades. 
Mientras que se dedica a generar escándalos para atraer micrófonos y para desviar el interés hacia temas alejados de actuaciones suyas que ameritan mejor explicación, otros procesos importantes siguen durmiendo en su despacho sin que se tengan las respuestas rápidas que requieren. Lo deseable es que los esfuerzos de la Fiscalía se concentren en los procesos de narcotráfico, corrupción y demás delitos de los que diariamente son víctimas los colombianos. 
Sus llamados a la cúpula de los antiguos dirigentes del M-19 para que declaren acerca de su presunta responsabilidad en los hechos de hace 30 años, además de que no podrán tener un desarrollo judicial, sino meramente anecdótico, parece ser su mejor manera de ponerle agenda al país, cuando hay otros asuntos de los que se espera un mejor trabajo de la Fiscalía. 

Colombia debe reflexionar a fondo acerca de su democracia y la manera como se desarrolla en diversas instancias. Se requiere, en realidad, un equilibrio de poderes que les ponga límites a funcionarios como el Fiscal General, que terminan extralimitándose, cuando son las cortes las que deben tener el protagonismo en el poder judicial y el Congreso en la definición de las leyes. La excesiva dependencia de esos altos tribunales con el Congreso de la República y con la Presidencia de la República también facilita que lleguen a esos cargos personajes que actúan más con criterios políticos que estrictamente técnicos.