Esta semana el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas radicó en el Congreso el anunciado proyecto de reforma tributaria con el que el Gobierno pretende un cambio estructural en todo el sistema fiscal del país. La base de la propuesta está en un extenso documento que preparó una comisión de expertos y le entregó al Gobierno desde diciembre del año pasado, que contiene un análisis muy detallado de todo el sistema impositivo en Colombia.
Por circunstancias de coyuntura política, pues estaba de por medio el proceso de diálogos con las Farc en La Habana y la votación de plebiscito del pasado 2 de octubre, el presidente Santos se había abstenido de poner en discusión el nuevo estatuto tributario, pero la necesidad de ajustar los ingresos del Estado, exigida por las calificadoras internacionales de riesgo, no deja espacio para más esperas.
Es difícil encontrar un proyecto que despierte más críticas que una reforma tributaria, cualquiera que sea, y mucho más cuando el objetivo central de esa reforma es aumentar los recursos del fisco, pues eso significa poner a pagar más impuestos a más gente. Pero adicional a esa condición, la oportunidad y la premura con que el Congreso debe estudiar y votar el proyecto, -menos de tres meses-, les suma elementos poderosos a los críticos de lo que pretende el Gobierno.
La causa primordial con la que se ha justificado el desbalance de las cuentas del Gobierno es la caída internacional de los precios del petróleo, pues luego de unos años en que el valor del barril rondó los 100 dólares, el año pasado estuvo por los lados de los 40 dólares, con la consecuente disminución de ingresos de Ecopetrol, la vaca lechera del Gobierno, y por supuesto de todos los impuestos relacionados con esa industria, que sumados llegan a 20 billones de pesos en el año.
El proyecto que está para estudio en el Congreso tiene nuevos impuestos, pero lo más controversial es la ampliación del cobro del IVA a más productos y servicios, y el incremento en la tasa del 16% al 19%. Con ese nuevo IVA se espera el mayor porcentaje de los recaudos que genere la reforma. Se mantiene la exención para muchos artículos de la canasta familiar y algunos servicios tecnológicos para los más pobres, pero se incluyen otros más polémicos como el gravamen a las bebidas azucaradas, y a la venta de viviendas nuevas de alto costo.
Se propone también un monotributo para los pequeños comerciantes, que es opcional y puede ser una forma de facilitarles sus relaciones con el Estado, y de formalizar a muchos establecimientos de manera ágil y sencilla. Se busca también eliminar el Cree, una sobretasa que resulta muy onerosa para las empresas, pero se quedan cortos en los alivios que están necesitando las sociedades comerciales para poder ser competitivos en un entorno internacional que es menos gravoso que el colombiano.
Es bueno que acaben con el Imán y el Imas, pues son procedimientos complejos para los contribuyentes, y que les faciliten a las personas elaborar su declaración de renta, el pero es que van a tener que declarar quienes tengan ingresos mensuales superiores a $2.750.000, con lo que entran a sistema 440 mil personas adicionales.
Tiene el proyecto un capítulo especial referido al control de la evasión fiscal, que se calcula en $40 billones anuales, es decir casi el doble de lo que se pretende recaudar. Ese esfuerzo es primordial si se quiere un sistema equitativo, aunque la propuesta de cárcel para los evasores sea delicada en un país en el que los criterios de la Administración de Impuestos son muchas veces erráticos y confusos.
Es claro que el país necesita mejorar su esquema impositivo, para que sea más eficiente y equitativo, pero es fundamental que los contribuyentes le crean al Estado, que vean que sus impuestos se traducen en bienestar para todos, pues solo así sentirán el compromiso ciudadano de pagar lo que les corresponde. Para eso, queda pendiente acabar con la corrupción, pues en manos de los ladrones de cuello blanco se queda anualmente, según cifras de la Procuraduría, el equivalente a lo que se pretende recaudar en esta reforma, y así es imposible motivar a los colombianos a que paguen más impuestos.
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