El debate en el Congreso de la República al matrimonio homosexual parece no tener futuro, luego de los aplazamientos que se han dado y de las alianzas hechas por los partidos Conservador y de la U para hundir el proyecto de ley presentado por el senador Armando Benedetti. El próximo martes, sin embargo, es el último chance en el Senado para esta iniciativa que pretende defender los derechos de estas personas cuando deciden establecer una relación permanente de pareja.
En el panorama actual del mundo se trata de un tema que no puede mirarse de soslayo. Es indispensable que el Estado les dé respuestas a los requerimientos de tales minorías y establezca herramientas legales que les permitan a las sociedades afrontar estas situaciones en condiciones de equidad. Es un tema nada fácil de abordar, y de hecho solo cuenta con aval estatal en 11 países, en los que su aprobación se ha dado luego de acaloradas discusiones en los parlamentos y expresiones en las calles.
Recientemente los cuerpos legislativos de Nueva Zelanda y Uruguay dieron el paso de avalar tales uniones maritales y solo están pendientes las firmas del Ejecutivo para que tengan fuerza de ley. En Inglaterra, Francia y Vietnam, entre otros países, también se debate actualmente esa posibilidad en medio de un ambiente tenso en el que no han faltado los actos homófobos, en algunos casos con violencia. En varias de estas naciones se promueve la legalización del matrimonio igualitario con base en la mejora de las condiciones de salud de la comunidad LBGTI.
En este marco, es evidente que el mundo, y desde luego Colombia, debe caminar hacia un escenario en el que se respeten los derechos de los homosexuales, donde las posibilidades de establecer uniones conyugales con reconocimiento legal estén reguladas. Ahora bien, es un hecho que a partir del próximo 20 de junio tales vínculos, en los que existen derechos y deberes como ocurre con las parejas heterosexuales, van a tener en nuestro país una aceptación en la práctica, ya que notarios y jueces quedarán habilitados para solemnizar tales sociedades de hecho.
Hay que entender que, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, el matrimonio es entendido como un sacramento que debe ser respetado y que solo se da entre un hombre y una mujer con el objetivo de procrear. Por eso, es necesario buscar que matrimonio no sea el término empleado para este tipo de uniones conyugales, en las que evidentemente no es posible la procreación. Lo más sano para todos sería apoyar su legalización, pero cuidando de no ofender las creencias de quienes no comparten la situación. El mutuo respeto resulta fundamental.
Lo ideal es que se mantenga un debate público con altura, en el que se garanticen los derechos de las minorías, pero sin pisotear la moral de otros amplios grupos de la sociedad que también deben ser protegidos en sus creencias. Aunque en esta legislatura no sea posible evacuar el proyecto, el Congreso no debe pasar por encima de tan importante iniciativa, en la que se deben establecer efectos civiles similares a los de un matrimonio heterosexual, aunque las posibilidades de adopción tendrán que ser objeto de otras discusiones.
La propia Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Rubén Salazar, a pesar de manifestar su profundo desacuerdo con la figura del matrimonio para formalizar la unión de parejas del mismo sexo, ha sido clara en el llamado al respeto de los derechos de las minorías dentro de un “sano pluralismo democrático”. Es un asunto de equidad que debe ser regulado.
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