Se ha dicho que son pocas las fronteras tan vivas como la que existe entre Colombia y Venezuela, no solo por lo amplia en extensión, sino porque al tratarse de una zona muy habitada a lado y lado, en buena parte de ella, provoca la interacción normal entre los ciudadanos que terminan tratándose como connacionales, bien para emprender tareas comerciales, para intercambiar aspectos culturales o por mera integración familiar, pues llegan a ser de allá o de acá sin darle mucha importancia a su origen. A eso se le suma que en décadas pasadas la entonces próspera economía del país vecino atrajo a miles de colombianos en busca de empleo.
Precisamente eso hace que la dinámica fronteriza sea muy distinta a la que tienen otros países, pues se trata de una zona viva, de intercambio permanente y trashumancia diaria. Esto provoca que cualquier medida que se tome en uno u otro lado, que afecte la movilidad de los ciudadanos de ambos países, genere todo tipo de traumatismos, como los que se viven en este momento, por cuenta de las decisiones tomadas por el Gobierno de Nicolás Maduro que afectan a miles de venezolanos y de colombianos.
Al mismo tiempo se acaban de tomar medidas en el vecino Ecuador, que también afectan la movilidad en la frontera con Colombia. La diferencia se encuentra en que en el país del sur se tiene una economía dolarizada, que se ha mantenido gracias a la fortaleza de esa pequeña nación como gran exportadora de petróleo, cosa que motiva a los ecuatorianos a cruzar la frontera en estos momentos que el peso colombiano anda de capa caída frente a la moneda americana, pues así les rinde más su dinero. Lo que hizo Rafael Correa al tomar esas decisiones es proteger su economía, son medidas típicas de las relaciones entre países, y así deben entenderse.
La diferencia de las decisiones del Gobierno ecuatoriano con las tomadas por Venezuela radica principalmente en que en el primero corresponden a una lógica, mientras en el segundo apenas si se tienen argumentos serios para tomarlas, y como si fuera poco están acompañadas de cargas emotivas de anticolombianismo, comunes en esa nación en épocas preelectorales, lo que no le viene bien a quienes deben convivir a diario con una realidad ya creada de tránsito fluido de un lado a otro.
Las medidas están acompañadas de anuncios de presencia excesiva de efectivos de seguridad. El estado de excepción en su frontera occidental con Colombia, cerrada hasta nuevo aviso, es apenas una decisión más en contra de las buenas relaciones entre los dos países. Se habla mucho desde Caracas con vehemencia para este tipo de medidas, pero poco se hace para cumplir la palabra empeñada en atacar el contrabando, o ponerse al día con las deudas que tiene el gobierno venezolano con empresarios colombianos. Cumplir esas promesas no ha sido su prioridad. Así que si el presidente Juan Manuel Santos acepta la invitación de diálogo hecha por su homólogo, aproveche para recordar esos olvidos y llame a una relación que propenda por la hermandad entre los pueblos y no por todo lo contrario como parece promoverse desde Miraflores.
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