Freno al fenómeno Marquitos

El poder corruptor del narcotráfico es enorme. El hecho de que el propio director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, admita que Marcos Figueroa, alias Marquitos, compraba policías en La Guajira, con el fin de delinquir a sus anchas sin mayores inconvenientes, muestra la magnitud que había alcanzado su estructura mafiosa en la Costa Atlántica y en toda la frontera norte de Colombia con Venezuela. Por eso, su captura en Brasil esta semana es una noticia que debe llevar a esclarecer muchas verdades.
 

No podemos olvidar que al detenido exgobernador de La Guajira Francisco 'Kiko' Gómez se le ha relacionado, justamente, con este narcotraficante, quien no solo compraba policías para garantizar la protección de sus oscuros negocios, sino que usó su dinero sucio para acercarse a políticos clave y tratar de asegurarse así una incidencia directa en los gobiernos locales y regionales de las zonas en que se movía con total tranquilidad, hasta que su organización comenzó a quedar en la mira.

La senadora Claudia López, del Partido Verde, gran conocedora del fenómeno paramilitar en el país, ya se atrevió a señalar que dos congresistas costeños, José Alfredo Gnecco y Antenor Durán Carrillo, tendrían relaciones directas con las estructuras que lideraban Marquitos y Kiko Gómez, ambos ya tras las rejas. Frente a esta denuncia resulta fundamental que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia agilicen sus indagaciones, con el fin de establecer si tales vínculos son reales. No puede dejarse prosperar nuevamente el fenómeno de que las mafias se tomen el Capitolio.

Es innegable la cercanía y hasta las rivalidades de Figueroa con grupos paramilitares y con bacrim, de acuerdo con los expedientes que manejan las autoridades. Además, no se puede dejar de ver que su propio hijo ya había sido detenido como responsable de la operación del cartel de la gasolina en esa zona de Colombia, otro de los negocios turbios que manejaban el narcotraficante y su familia, y de los que también se lucraban líderes políticos.

Sabemos que no es solamente en la Costa Atlántica donde han aparecido este tipo de fenómenos en los que las mafias se alían con algunos sectores de la política para obtener mutuos beneficios, a costa de la tranquilidad de las comunidades y de las obras de beneficio común. Ya en Caldas en el pasado hemos sufrido con dicho fantasma, al punto de que congresistas y jefes de partidos políticos resultaron condenados y tuvieron que pagar tras las rejas sus innegables relaciones con grupos paramilitares.

Ahora, cuando estamos a un año exacto de las elecciones en las que se elegirán los nuevos alcaldes, diputados, concejales y gobernadores toda la sociedad tiene que estar vigilante para que no se nos vuelvan a filtrar en las administraciones y corporaciones públicas personajes que estén untados de delitos. El país -y Caldas desde luego- tiene que mantenerse con la actitud de rechazar y denunciar las actividades criminales y, sobre todo, señalar a los políticos y gobernantes que sean cómplices de estos fenómenos.