Exterminio social, otra tragedia inadvertida

Exterminio social es la mejor expresión que se puede usar para ese mal enquistado en nuestra sociedad y ejecutado por diferentes actores que se creen los dueños de lo que debe ser y de lo que no. Eso que con desparpajo y sin rubor se denomina como "limpieza social" en muchos espacios, sin entender el poder de lo que eso encarna. Es la forma de deshacerse de los más vulnerables, bien porque son personas en y de la calle, porque padecen una enfermedad como lo es cualquier adicción, porque tienen antecedentes o porque se trata de jóvenes que no cumplen las normas de conductas fijadas por la organización criminal de turno que impone su ley.
LA PATRIA dio cuenta el pasado domingo de una investigación realizada por el profesor Carlos Mario Perea, de la Universidad Nacional de Colombia, que mostró cómo esta forma de violencia no recibe la atención adecuada del Estado y del aparato judicial, sino que casi parece aceptada, así nuestra Constitución proscriba la pena de muerte. El estudio denominado Limpieza social, una violencia mal nombrada nos muestra cifras espeluznantes de lo que ha sucedido en el país con este fenómeno desde hace unos 30 años y que parece no tener fin, aunque haya disminuido en algunas partes en los últimos tiempos.
Resulta vergonzoso que dos municipios caldenses aparezcan entre los 10 primeros en donde más se presentó esta forma de violencia en los últimos 15 años, peor aún cuando se trata de dos localidades que han mostrado su capacidad de crecimiento, que se debaten entre ellas ser la segunda ciudad del departamento. Chinchiná, que encabeza la lista con 32 casos, y La Dorada, con 15 registros. Más preocupante aún que prácticamente en todos los municipios de Caldas hay reporte de que se usó esta forma de deshacerse de las personas como si con matarlas desaparecieran los problemas de exclusión social y de falta de oportunidades, que son el ambiente propicio para que algunos ciudadanos terminen generando situaciones de percepción de inseguridad, que es al final lo que se nota y lo que los condena a la muerte a los ojos de muchos, que incluso lo justifican.
¿Quién no ha expresado casi con cinismo alguna vez o ha escuchado en un círculo cercano que deberían es acabar con esas personas? ¿Cómo no sentirse culpables por el silencio de toda una sociedad frente a un hecho que fue casi legitimado en los años 80 y 90 y del que se apropiaron los grupos paramilitares y guerrilleros para de esa manera demostrar que ellos mantenían “limpia” la zona en donde se asentaban? ¿Cómo no lamentar que las autoridades simplemente resten importancia a panfletos amenazantes de personas vulnerables o con antecedentes en municipios como Pácora, Anserma y Manizales, para justificar que sectores de la sociedad publiquen panfletos para amedrentar a esas personas y que funcionen como una seguridad preventiva? 

Todo esto demuestra cómo la justicia al no hacer su tarea, como es ya costumbre, pretermite que estas situaciones sucedan. Estas violencias están latentes, pero es hora de que salgan a la luz. No pueden seguir siendo invisibles, pues esa invisibilidad es el mejor lugar en el que se esconden los violentos para hacer de las suyas. Ningún asesinato tiene justificación. Si no lo entendemos, no podemos considerarnos una sociedad civilizada.