La Corte Constitucional ha sido durante los 25 años de la Constitución Política una guardiana que no la ha tenido fácil. De acuerdo con quienes ocupen las magistraturas es a veces más o menos exigente, más jurídica o más política, una institución en todo caso que se ha sabido ganar un espacio importante en el corazón de los colombianos porque ha sido impulsora de grandes causas y defensora de los derechos de los más desprotegidos contra el aparato del Estado. Precisamente por ese motivo es que sorprende que a estas alturas del desarrollo de la Constitución, que tiene un centenar de reformas, se abstenga de aprobar modificaciones trascendentales para el país como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura o la terminación de la ineficiente y amañada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que iba a ser remplazada por la Comisión de Aforados, dependiente de la Rama Judicial.
Hubo razones de forma que llevaron a tomar esta decisión a la Corte, como los vicios en el trámite de la ley, pero también un argumento de fondo, que ya se había empleado para revivir el Consejo de la Judicatura, que hubo sustitución de la Constitución, como si esto no hubiera sucedido antes en otros temas, pues para eso existe un trámite más exigente como es el Acto Legislativo, que requieren el paso por el Congreso en dos legislaturas distintas. Se supone que al término de los ocho debates hay un estudio juicioso de las normas para poder dar pie a los cambios, que son necesarios en ocasiones por diferentes razones, entre otras, que la Constitución puede estar equivocada, que se requiere modernizar una institución o que es necesario hacer ajustes a algunos temas. No es el primer intento de reformar la Constitución ni es el último.
La Corte que ha tomado decisiones que contravienen la lógica presupuestal del país, que ha interpretado la Constitución en varias oportunidades de manera laxa, debería entender que en estos dos temas era necesario un cambio y el país lo pide a gritos, pues basta conocer el remoquete de “comisión de absoluciones” que le ha dado el sentir popular a esta entidad para darse cuenta de la necesidad de la reforma. De hecho, de primera mano conoce la Corte esta situación con lo sucedido con su togado Jorge Pretelt, único caso en toda la historia de la Comisión en llegar a acusación, pero que se estancó a partir de ahí. A veces la lógica que beneficie al país debería imperar sobre la forma y la técnica.
Mañana tendrá una nueva prueba de fuego la Corte Constitucional con el fallo más esperado de los últimos tiempos, saber si avala el plebiscito para la aprobación popular de los acuerdos que firmen en La Habana el Gobierno y las Farc. Hay quienes apuestan a que la decisión se hundiría y que el Gobierno deberá buscar otro mecanismo de refrendación popular. El asunto es que tanta ortodoxia en la interpretación de la Constitución está llevando a impulsar el sentimiento de la necesidad de una Asamblea Constituyente que abra la puerta para hacer las reformas que no se han podido en los últimos años, pero que después de que se abra puede convertirse en una caja de Pandora, pues da pie para introducir cualquier cambio, y no hay necesidad de tanto. ¿Será que lo hacen a propósito?
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