El silencio de las armas

En La Habana (Cuba), donde se desarrollan los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, se dio a conocer ayer el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y fin del conflicto armado, con el propósito de construir una paz estable y duradera en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, avalaron lo acordado en la mesa por los negociadores de ambas partes, y contaron con el acompañamiento del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y de los presidentes de Chile y Venezuela, Michel Bachelet, y Nicolás Maduro, respectivamente.
Aunque aún falta el Acuerdo Final, que según Santos será firmado en Colombia, el paso dado marca el compromiso de dejar atrás cerca de seis décadas de confrontaciones armadas, al aceptar las Farc concentrarse en 23 distintas zonas del país, entregar las armas y prepararse para hacer política en el marco de las reglas de la democracia. También está el compromiso del Gobierno Nacional de proteger a los desmovilizados y a quienes los representen en el escenario político, para que no se repita el genocidio de la Unión Patriótica. Como lo manifiesta el acuerdo, es necesario que en Colombia se fomente una cultura en la que “proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política”.
Todo esto implica un cese al fuego y de las hostilidades entre las partes y la dejación de las armas de los guerrilleros, buscando que a más tardar 180 días después de la firma del Acuerdo Final termine la dejación de armas. Nos parece muy positivo que se establezcan límites concretos para esta tarea, y que las Farc hayan aceptado entregarles las armas a las Naciones Unidas, para que al fundirlas se hagan con ellas tres monumentos. Queda despejada la duda acerca de lo que pasará con el armamento, el cual desaparecerá en la práctica.
Un punto esencial, en el cual toda la sociedad colombiana debe cumplir un papel fundamental, es el de la reincorporación de las Farc a la vida civil. Para ello resulta clave que se hayan establecido protocolos y plazos claros, que faciliten la verificación y monitoreo del proceso en las 23 llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización y en los 8 campamentos que servirán de canales para que la organización armada pase a convertirse en un partido político, comprometiéndose a acatar y respetar las vías democráticas. 
También resulta fundamental y destacable que las Farc hayan accedido a aceptar que a través de un plebiscito, como es la idea del Gobierno Nacional, o por medio del mecanismo que decida la Corte Constitucional, los colombianos podamos refrendar los acuerdos alcanzados. Esto sumado al acatamiento de lo dispuesto en el acuerdo de justicia transicional también evidencia que las Farc dejan atrás el dogmatismo que no aceptaba al Estado colombiano y se doblegan ante el imperio de la ley y las normas que rigen a toda la sociedad de este país.
Es conveniente para Colombia que queden en los acuerdos los procesos educativos y de formación que deberán emprenderse en los campamentos y zonas de normalización, para brindarles a los desmovilizados otras opciones de ocupación. El país también necesita que haya un total respeto a los defensores de derechos humanos y a todos los voceros de la política sin importar sus ideologías, por lo que el Estado tendrá una ardua tarea que permita blindar el proceso, controlar a quienes pretendan seguir usando armas de manera ilegal y cuidar la construcción de la paz.

Solo resta que no tarde mucho el Acuerdo Final, en el que ninguna pieza de lo agendado quede en el aire, y por el contrario sea tan compacto que pueda ser aceptado por todos los colombianos sin resistencia, y se logre emprender el camino de transición de la cultura del odio a la cultura de la paz y la reconciliación, que es el meollo de las violencias que hemos sufrido los colombianos.