El paro para por ahora

Regresaron a sus despachos los funcionarios y empleados judiciales que se encontraban en paro. Lo hicieron después de poco más de tres meses de inactividad y de un día de haber regresado de la vacancia que tiene la mayoría de la Rama Judicial por derecho legal en esta temporada. No obstante, advirtieron directivas de Asonal que se trata de un receso y que el próximo mes evaluarán si es necesario volver a la presión, pues consideran que se abren al diálogo, pero que no han hallado solución a sus peticiones. El Gobierno Nacional, por su parte, a través del Ministerio de Justicia, dice que no hay nada más que negociar y que está cumpliendo con los compromisos pactados en años pasados.

La Fiscalía General de la Nación habla de que este paro representa un año de retraso en los procesos judiciales, tiempo que se debe sumar a la ya reconocida congestión judicial, sobre todo, en materia penal, lo que implicará seguramente un esfuerzo adicional para intentar desatrarsarse. Aquí lo que debe imperar es la atención al ciudadano, que el servicio público se preste como es debido y que después de tantos días de paro se haga un esfuerzo para tratar de ponerse al día lo más pronto posible, sobre todo en materias que tienen que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos, como procesos pendientes de fallo en los que está comprometida la libertad.

El Gobierno no puede simplemente decir que para él el asunto está solucionado y que por lo tanto no habrá más diálogo con Asonal. Si bien un amplio sector del sindicato se ha mostrado intransigente en esta materia, lo peor que se puede hacer es desconocer sus reclamos. Al contrario, es necesario mantener las conversaciones, esa fue la idea de la reinstalación del Ministerio de Justicia, que hubiera interlocutor válido que atendiera los asuntos de la Rama, pero resulta que desde hacía rato no había tanta interrupción y anomalías judiciales como desde que volvió esta cartera, lo que parece un contrasentido.

Es indiscutible que están pendientes de resolverse muchos temas en asuntos de equidad salarial, de falta de personal, de continuidad en políticas de descongestión y de asignación de recursos suficientes para poder cumplir con las nuevas jurisdicciones creadas por la ley, pero finalmente siguen sin resolverse los asuntos fundamentales: cómo mejorar el acceso a la justicia de la gente, del ciudadano de a pie, y cómo lograr que haya fallos prontos y cumplidos, pues de nada sirve que se haga justicia cuando el tiempo ha pasado de largo.

Esperamos que el Gobierno se abra al diálogo y acompañe al Consejo Superior de la Judicatura en esta tarea, que no es fácil, pues claramente la intransigencia que impera hoy en Asonal complica la posibilidad de llegar a puntos de acuerdo. No obstante, es necesario un esfuerzo de parte y parte para que no se entorpezca más este servicio público. Aquí también hace falta una política clara que permita devolverle a la justicia su majestad, tan socavada por muchos funcionarios de alto rango inclusive dentro de ella, lo que se viene intentando con la ley de reforma de equilibrio de poderes al quitarles las funciones electorales a las cortes. Pero esto resulta insuficiente para tanto mal que aqueja hoy a esta rama del Poder Público en Colombia.