El inoportuno viaje de Morelli

El pasado martes 13 de agosto, por iniciativa de la senadora costeña Daira Galvis Méndez, la entonces contralora General de la República Sandra Morelli fue condecorada con la orden del Congreso de la República en el grado Gran Cruz, por “su compromiso, transparencia y responsabilidad” en ese cargo. Los parlamentarios que lideraron el homenaje afirmaron que la hoy exfuncionaria, quien estaría fuera del país, “le devolvió la credibilidad a la Contraloría”.

No puede negarse que Morelli tomó decisiones importantes al frente del ente de control, sobre todo en lo relacionado con el sector de la salud, logrando recuperar cuantiosos recursos. Sus actos frente a los temas de minería también hay que resaltarlos, pero su intempestiva salida del país el pasado fin de semana, con el ánimo evidente de hacerle el quite a determinaciones de la justicia, borra las buenas acciones que haya podido impulsar y la pone en el mismo plano de otros servidores públicos que optaron por salir de Colombia, cuando veían que se les dictarían medidas desfavorables.

Es cierto que la actual Fiscalía ha mostrado el cobre, como se dice, y sus actuaciones en buena medida han estado mediadas por aparentes intereses políticos. Sin embargo, la actitud de huir no puede justificarse de ninguna manera, más cuando las decisiones en los casos que se le adelantan a la exfuncionaria están en cabeza de jueces que nada tienen que ver con el fiscal, Eduardo Montealegre, con el que Morelli trabó un conflicto personal nunca antes visto en las más altas esferas del Estado.

En el contrato de la sede que ocupó la Contraloría General durante los tres años recientes, con pagos mensuales de $2.600 millones, hay dudas razonables que deben resolverse, y no es ignorando la majestad de las instituciones colombianas como mejor se le debe hacer frente a las acusaciones. Si la excontralora no ha hecho nada malo, como creemos es ha sido su proceder, no debería coger el fácil camino de despreciar las decisiones del Estado, sino más bien atender dignamente sus requerimientos y demostrar con hechos su inocencia.

Morelli sabía con antelación que ayer se celebraría una audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía mostraría todas sus cartas. Ese era el momento para que ella expusiera las suyas, con total objetividad, y sin dejar que la enemistad personal con el titular del ente acusador estuviera por encima de sus deberes de exfuncionaria y ciudadana colombiana. Ese es un camino peligroso, de oscura pedagogía, con el que muchos tratarán de argumentar falta de garantías aún en casos en los que resulte evidente que cometieron actos punibles.

La excontralora es ahora procesada en ausencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, por los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, que podrían llevarla a prisión de 8 a 22 años. De avanzar el proceso y encontrarla culpable, Morelli se expone a ser solicitada con circular roja de la Interpol y terminar detenida en cualquier lugar del mundo, o involucrada en un proceso de extradición, aunque si permanece en Italia estaría salvada, porque ese país no se acoge a esa figura.

A los más altos funcionarios del Estado les cabe la responsabilidad de dar ejemplo acerca del buen manejo de la administración pública y de atender sus requerimientos. Que esos mismos funcionarios decidan no atener los criterios mínimos del Estado de Derecho envía un muy preocupante mensaje acerca de la solidez y seriedad de nuestra democracia. En el resto del mundo esto será visto, seguramente, como un caso atípico y salido de todo margen legal, difícil de comprender. Hay que corregir pronto. El viaje de la excontralora fue inoportuno, esperamos que regrese pronto a poner la cara.