El eterno paro camionero

Cerca de tres semanas completa el paro camionero, impulsado entre otras por la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), lo que empieza a ocasionar graves perjuicios a la industria colombiana, y de lo cual no se salvan las empresas de Caldas. El flujo de materias primas se ha vuelto crítico en muchos casos, lo mismo que la entrega de productos terminados con destino a otras regiones del país y del mundo. La situación también afecta el empleo de cientos de personas en Caldas, quienes en muchos casos son enviadas a vacaciones forzosas, por no haber materiales para trabajar en las factorías.
Así, pues, el impacto de este paro para la economía empieza a tener reflejos importantes que no pueden dejarse prosperar, ya que generarían situaciones que frenen el crecimiento industrial que venía por tan buen camino, y sobre todo afectarían de manera grave la generación de empleo, que es asunto fundamental en las actuales circunstancias del país. Puede ser que aspectos reclamados por los camioneros tengan algún nivel de justicia, pero no es justo que todos los colombianos suframos las consecuencias de su protesta.
Los camioneros pretenden tener empresas con utilidades garantizadas por la vía de costos preferencialmente bajos e ingresos regidos por tablas que no consulten al mercado. El transporte, como el resto de la economía, es una actividad que debe tener regulaciones, pero que debe responder a las leyes de oferta y demanda, con mínima intervención del Estado. El Gobierno debe garantizar una buena infraestructura y seguridad en las vías, pero es absurdo que exijan que les garanticen también la rentabilidad de su actividad.
Hasta el pasado martes se afirmaba desde el Gobierno Nacional que el paro camionero había causado pérdidas por cerca de $1,5 billones, de los cuales cerca del 60% corresponden a los fletes dejados de pagar. También se tenía un acumulado de pérdidas por $150 mil millones en peajes y $45 mil millones en combustibles. Unas 200 mil toneladas de carga se habían dejado de transportar por el territorio colombiano debido al paro, siendo directos afectados los consumidores que se enfrentan a la escasez de algunos productos y a las tendencias al alza de precios en varios de ellos.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, tiene el desafío de hallar cuanto antes las soluciones a esta problemática, que se convirtió en recurrente en el país. Cada año nos estamos enfrentando a paros camioneros con los que se presionan beneficios para el gremio. Esta situación hace cada vez más urgente que desde la cartera que lidera el caldense se impulsen los transportes alternativos por vía férrea, fluvial y aérea, con los que el sector productivo pueda bajar sus elevados costos y ser más competitivos en el contexto internacional. No puede premiarse con concesiones a un sector como el camionero, que poco ha hecho para ajustarse a los retos de la globalización.
Está muy bien que se avance en la dignificación de la labor del camionero, sus condiciones laborales y mejores salarios, pero las modificaciones que piensen hacerse en el sistema de costos no puede significar el retroceso de volver a una especie de tabla de fletes. Con el paso de garantizar una chatarrización 1 a 1, que podría fijarse en los acuerdos, se le baja un poco la presión a los costos de los camioneros, pero tampoco es lo ideal en un país que aspire a tener una flota moderna de vehículos de carga. Como sea, es vital que ya mismo sea levantado el paro y que no se profundicen los daños que empiezan a sentir los industriales, los comerciantes y los mismos hogares colombianos.

Hay que resaltar que esta vez no se han generado bloqueos en las vías y otros excesos en los que han caído los camioneros en el pasado, pero los perjuicios para gran parte de la población son significativos. No puede permitirse que el cese de operaciones de los transportadores se extienda más, la invitación es a seguir dialogando y normalizar cuanto antes las labores.