El escándalo del hacker

Desde el pasado fin de semana el tema del hacker Andrés Felipe Sepúlveda volvió a tomar vuelo, por cuenta de las declaraciones escandalosas que el delincuente entregó a la revista Semana. Si todo lo que dice allí fuera cierto, estaríamos realmente frente a una empresa criminal de espionaje, como lo afirma sin contemplaciones el propio presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, no podemos olvidar que se trata de una persona de muy oscura reputación que ha cambiado sus versiones en varias ocasiones, y cuya credibilidad debería estar diezmada.

Es evidente que todo lo que tenga que ver con las comunicaciones de los negociadores de paz en La Habana y con el correo personal del Presidente de la República corresponde a asuntos de seguridad nacional, y cualquier intento de interceptarlas y, peor aún, de usarlas para un provecho particular es absolutamente grave. Si a eso se dedicaban en la oficina del mencionado hacker y en el anteriormente descubierto Andrómeda, en donde habría varios militares implicados, la justicia no debe dudar en castigar ejemplarmente sus conductas.

Ahora bien, hasta lo que se conoce no puede afirmarse que la campaña del entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga hubiera contratado al hacker para que violara la ley. Incluso en el video que trascendió a los medios en la época de la campaña no se escuchan preguntas del aspirante a la Presidencia orientadas a las manipulaciones que ahora se dan por ciertas, porque Sepúlveda así lo afirma. Es obvio que en plena competencia los candidatos buscan a quien los asesore en los manejos de redes sociales, que hoy son imprescindibles en este tipo de coyunturas políticas, y el hacker era conocido hasta ese momento en el mercado como un buen conocedor de ese oficio.

La opinión pública debe analizar con cabeza fría todas las afirmaciones que se están haciendo, y no quedarse en la coyuntura de las palabras ambivalentes de un delincuente. Es fundamental que se observen las hojas de vida y la tradición en los comportamientos del hoy director del Centro Democrático, quien en todos los escenarios se ha caracterizado por su claridad, respeto y pulcritud. No creemos que Óscar Iván Zuluaga haya caído tan bajo como lo están haciendo ver, confiamos en que siempre actuó de la mano de la ley y el Estado de Derecho. No les queda bien a sus opositores políticos en Caldas, responsables de tanta corrupción comprobada, tratar de darle al excandidato lecciones de ética.

Además, llama mucho la atención que la Fiscalía General de la Nación, que se ha gastado tanto tiempo y que se ha guardado para sí por mucho tiempo el desarrollo de importantes procesos judiciales, ahora avance con gran velocidad en este caso específico. Y, no solo eso: que incluso le permita al detenido dar entrevistas exclusivas, al mismo tiempo que se le ofrecen beneficios si dice, supuestamente, toda la verdad. No le queda bien al ente investigador dejar filtrar en sus actuaciones posibles intereses políticos que minan su credibilidad.

Tampoco podemos asegurar que se trate de cortinas de humo del Gobierno, como lo han sugerido algunos miembros del Centro Democrático, y creemos que el presidente Santos y su equipo no se prestarían para este tipo de actuaciones, pero es evidente que el actual escándalo del hacker tendrá desarrollos que podrían afectar a personas inocentes, que solo tienen en contra ser opositores. El país tiene la responsabilidad de tener sindéresis y prudencia y darle a este episodio los alcances que merece, ni más ni menos, pues un exceso en cualquiera de los sentidos debilitaría aún más nuestras instituciones.

Lo cierto es que la confrontación Uribe-Santos viene teniendo consecuencias muy perjudiciales para el país, y además su desarrollo va en contravía del espíritu de las conversaciones de paz con las Farc en La Habana (Cuba), donde se busca, supuestamente, que un enemigo histórico de las instituciones colombianas se acojan a las reglas de juego de nuestra sociedad. Hay que rechazar, por eso, todas las jugadas sucias, con intereses no muy claros, que quieran torpedear la majestad de la Constitución Nacional en los temas relacionados con la seguridad nacional y con el papel que debe cumplir la Fiscalía.