s típico en Colombia que creamos solucionarlo todo aprobando reformas, e insistimos en este modelo que no ha entregado los mejores frutos. Por eso, la reforma de Equilibrio de Poderes es tan solo otra más de las que se han hecho en el país en busca de solucionar con normas lo que se requiere cambiar en las conductas. De ahí que al final el proyecto que presentó el Gobierno terminó bastante cambiado y, de todas maneras, como en cualquier propuesta de estas que remueve estructuras y junta diferentes temas tiene cosas buenas, no tan buenas y algunas malas.
Para hoy martes se espera la aprobación sin mayores traumatismos de la conciliación en la plenaria del Senado de la República, después de pasar por lo mismo por la Cámara de Representantes. Desde mañana mismo quedarán en vigencia varios artículos que son de aplicación inmediata, como la prohibición para la reelección presidencial, la anulación de la llamada puerta giratoria, la competencia para juzgar al vicepresidente igual que como se hace con los ministros y el establecimiento de nuevos requisitos para ser magistrado de las altas cortes.
Ya se han anunciado demandas para varios artículos de esta reforma, y los enemigos no son de poca monta, entre ellos se cuentan magistrados, el propio fiscal General de la Nación, además de otras personas que sentirán que es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie, toda vez que por el tamaño del acto legislativo pueden haberse cometido errores de forma en su aprobación. ¿Acabará esta reforma con los desbalances y las desproporciones que se presentan en las diferentes ramas del poder público en Colombia? Difícilmente. Si a los cargos públicos no llegan personas probas, éticas, sin ánimo de protagonismos va a ser muy complicado que cambie el panorama que se busca corregir.
Es una lástima que solo a partir del 2018 se empiece a aplicar aquello de que el segundo en votos en cargos ejecutivos de elección popular ocupe curul en el cuerpo colegiado territorial correspondiente, pues se podría haber arrancado de una vez para el próximo año, pero se prefirió ser cauto y esperar a la reglamentación. Ojalá la Comisión de Aforados sea la solución a la incapacidad de la actual Comisión de Acusaciones de la Cámara. Un éxito, después de varios intentos desde 1991, es la eliminación del Consejo de la Judicatura, cosa que no gusta mucho a magistrados, pero que puede ayudar a organizar mejor la Rama Judicial con menos política de por medio.
Resulta importante que se brinde otra curul a los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que la Corte Constitucional se constituya en tribunal de cierre para los conflictos de competencias entre jurisdicciones, eso soluciona un largo problema que ahora existe. Esperemos que se pongan los tiempos y se ajusten los detalles necesarios para que todo este ajuste institucional se aplique con el menor traumatismo posible. No se puede olvidar que aunque aquí se resuelven algunos temas de la Rama Judicial, sigue faltando la gran reforma que se enfoque en la atención a los usuarios y no en el funcionamiento de los juzgados y tribunales.
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