Hay un concepto extendido sobre lo público, que por tratarse de un asunto que compete a todos, al final parece que no compete a nadie, y eso genera desapropiación, pérdida del sentido de pertenencia, entre otros problemas. La situación a la que se ve sometida Manizales por cuenta de falta de claridad sobre un contrato para la ubicación de señales de tránsito y de información nos da pie para preguntarles a quienes han pasado por la Administración de Manizales, cómo es esto posible. Cómo puede vencerse un contrato de concesión para el usufructo de un privado del espacio público y nadie se hace cargo, nadie se entera y, como si fuera poco, siguen haciendo actos de la administración que parecen validar la actuación del privado.
No es la primera vez que se toma lo público tan a la ligera, a pesar de los fuertes llamados de la jurisprudencia para que se tenga un control sobre el erario, pues al fin y al cabo se afectan las finanzas de la ciudad o los derechos de los ciudadanos. Antes sucedió con un contrato verbal para la explotación del Ecoparque Los Yarumos, también con un parqueadero en el que se desaparecieron unos 200 vehículos, lo que llevó a un proceso que todavía no termina en lo penal. Y esto es de lo que nos enteramos. Cuántas cosas pasan sin que al final se pueda llegar a un responsable porque simplemente no se cumplió el principio de diligencia, que debe acompañar las actuaciones de los servidores públicos.
Ahora la actual Administración municipal intenta corregir este entuerto al asignar de manera directa y por 10 años la ubicación de estas vallas y su explotación comercial a otra empresa de publicidad exterior visual, pero resulta al menos reprochable que no se hubiera intentado un concurso para que participaran las compañías que se sintieran en capacidad de hacerlo en igualdad de condiciones. Si bien no se trata de un contrato en su definición exacta, sí es la concesión para explotar un espacio público, razón por la que no debería rehuir el subirse todo el proceso contractual a la Urna de Cristal, que ha sido tan valorada o al Secop, pues bien dijo María Margarita Zuleta, directora de Colombia Compra Eficiente, que todo debería subirse a este sistema en aras de la transparencia. No hacerlo es dar pie a las suspicacias.
¿Dónde están los organismos de control tan dados a dar cuenta de hallazgos, de aperturas de investigación, de abrir pliegos de cargos, pero tan lejos de endilgar responsabilidades? ¿Acaso para estos casos no deben operar las oficinas de control interno o por lo menos las interventorías? Lo público requiere de formalidades para la buena marcha de la Administración. Todo peso que se pierda o se deje de ganar o todo privado que se apropie de algo que debe ser de todos, es a costa del bolsillo de los contribuyentes.
Si no es por el cambio de Administración esta situación irregular habría podido continuar, pero también es cierto que siempre será mejor que las asignaciones de este tipo de contratos que favorecen a privados se hagan en igualdad de condiciones con convocatorias públicas y con objetividad en la calificación para que se asigne al mejor proponente. Esto empieza por usar los canales existentes para hacer más transparentes los procesos contractuales y similares.
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