l Ministerio de Salud ha tomado la responsable resolución de reglamentar hasta donde se lo permite la ley el derecho a morir dignamente. Queda pendiente que se presente un proyecto de ley estatutaria al Congreso de la República para que este cumpla lo ordenado hace ya 17 años por la Corte Constitucional de legislar sobre este asunto. Es complejo, en tanto que se trata de decidir en materia que no tiene parangón, abrir un camino para que las personas decidan sobre el principal de todos los derechos, la vida.
De acuerdo con lo que ha expresado el Ministerio, la Corte lo conminó a expedir una resolución que empiece a aclarar el panorama del derecho a morir dignamente y como el plazo era perentorio hasta ayer, decidieron proceder, luego de varios análisis en comités interdisciplinarios que ayudaron a darle forma a este documento, que cubre los aspectos más generales. Mientras se sigue esperando a que los congresistas se decidan a estudiar de fondo esta materia y, sobre todo, en los asuntos más complejos, que tienen que ver con menores de edad o cuando las personas están imposibilitadas para decidir de fondo sobre su vida y queda la responsabilidad en su familia, por ejemplo. Son muchos los grises que aún quedan por definirse.
El Ministerio reglamentó los comités interdisciplinarios científicos, que deben ser integrados por un médico especialista, un abogado y un psicólogo clínico, entre los cuales no debe haber objetores de conciencia en esta materia para no dilatar las cosas. Además advierte que no puede haber uso de este mecanismo excepcional en forma institucional y que toda entidad prestadora de salud debe garantizar a alguien que pueda terminar con su vida si cumple con las condiciones exigidas para ello, que sea paciente terminal y lo decida de manera consciente.
Esto es bueno que haya quedado claro, pues es sabido que muchas instituciones confunden las creencias de sus propietarios o funcionarios, con los criterios legales. Lo otro es que este procedimiento debe hacerse de manera gratuita para evitar que por vía de cobros exorbitantes se impida acceder a este derecho. Obviamente razones religiosas llevan a muchas personas a oponerse a este procedimiento, pero hay que decir que en un Estado moderno, se deben tener estas posibilidades y en ningún caso será obligatorio, por lo que también se mantendrá el respeto para quienes consideren que no es una opción.
Es importante sí que se emprendan campañas pedagógicas que permitan a los ciudadanos conocer más sobre este derecho que se reglamenta, para que se vean las diferentes opciones que se tienen y que muestren que en ningún caso se trata de un suicidio asistido, como ya existe aprobado en Bélgica y en Holanda. Aquí está claro que se trata de pacientes en estado terminal, con padecimientos dolorosos y que lo deciden con plena conciencia. Es un buen principio, pero ojalá el Congreso asuma su responsabilidad y no la evada como lo ha hecho con otros debates necesarios para caminar hacia la modernidad.
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