El presidente Juan Manuel Santos, en su alocución del martes en la noche, lució muy convencido de impulsar un revolcón en la justicia para superar la profunda crisis por la que pasa ese poder público en Colombia. Si se revisan sus propuestas, la mayoría son temas de los que ya se ha hablado demasiado, pero que no han encontrado eco en otras instancias, por lo que eso implica para otras esferas del poder vinculadas a hechos corruptos. El asunto del cierre de las puertas giratorias es vital, pero lograr romper esa cadena exige que los intereses generales se pongan en primer plano, a lo cual algunos legisladores no le jugarán fácilmente.
Pueda ser que esta vez se tome consciencia de que los problemas de la justicia ya tocaron fondo y que es urgente trabajar para recuperarla, pues de otra manera será imposible construir un mejor futuro para el país. Tenemos que recordar que varias de las ideas que ahora se esgrimen desde la Casa de Nariño ya estuvieron en el anterior proyecto de reforma a la Justicia, al cual se le dieron todos los debates y sobre el que se alcanzó a cantar victoria (con desaparición del Consejo Superior de la Judicatura incluida), pero que al final tuvo que ser enterrado por los “micos” que le incrustaron en la etapa de conciliación.
Así las cosas, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tienen la obligación de aprobar los cambios que se necesitan, sin más vueltas. El proyecto de acto legislativo de Equilibrio de Poderes tiene que ser tramitado con el rigor y la seriedad que merece, pues el país no podría perdonar que se adopten medidas tibias o que no se les dé luz verde a las herramientas para luchar contra la corrupción en la justicia. Llegó el momento de no equivocarse y que Colombia cuente con un instrumento que de verdad le sirva para recuperar la confianza en sus poderes públicos.
Santos parece tener claro que la politización de la justicia es la raíz de la mayor parte de los males que atacan a las instituciones. Sus acciones no pueden ser inferiores al deseo mostrado. Si se trata de alejar la política de la justicia, hay que comenzar por romper toda injerencia de la Presidencia de la República en las cortes. El mandatario tiene el desafío de pasar de las palabras a los hechos, con mucha coherencia, sin pretender, por ejemplo que los primeros miembros del Tribunal de Aforados que se cree sean de su bolsillo. Hay que tomar decisiones audaces, pero a la vez transparentes y tranquilizadoras para los colombianos, inclusive restringir al máximo la calidad de funcionarios con fuero.
Está muy bien que se piense en castigar el cabildeo judicial y que se busque que los abogados cumplan con requisitos mínimos de profesionalismo para ejercer, pero en lo que más hay que trabajar desde todos los ámbitos es en el fortalecimiento de la ética, ya que los principios que de ella se derivan son los que se han visto afectados en las actuaciones que hoy empañan la imagen de los tribunales. También es acertado que se exija más experiencia para convertirse en magistrado, pero se nos antoja que lo propuesto podría ser aún más exigente para garantizar que a las cortes solo lleguen los más capaces, los más rectos, los que estén en capacidad de recuperar la dignidad de la justicia.
Vuelve a sonar el término meritocracia. Si a ese principio se le respetara de verdad sería posible avanzar en la eficiencia que piden los ciudadanos y que los servidores públicos de la Rama están obligados a brindar. Esa sí que sería la punta de lanza para las reformas estructurales que se anuncian, así se podría evitar que abogados como Jorge Pretelt se conviertan en los más altos dignatarios de las cortes. El establecimiento de un estricto estatuto de autorregulación para los altos tribunales también tiene que salir adelante. Si se anuncia un revolcón que lo haya, y que no se quede solo en discursos para la tribuna.
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