Crisis y descontrol en cárceles

a fuga de Cristopher Chávez Cuéllar, alias el Desalmado, de la cárcel de mediana seguridad Las Heliconias de Florencia (Caquetá) vuelve a poner en primer plano las graves falencias del sistema carcelario colombiano y la ausencia de correctivos, o los paños de agua tibia que se han aplicado a este problema, con resultados mínimos. En este caso concreto se habla de posible intervención de funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para facilitar la fuga de este peligroso delincuente, quien por fortuna pudo ser recapturado pocas horas después. Habrá que hacer una investigación profunda que no deje ninguna duda y castigar a los demás responsables.

Aunque ya alias el Desalmado regresó tras las rejas, y ahora le será más difícil escapar al haber sido trasladado a la prisión de alta seguridad de Cómbita (Boyacá), lo ocurrido con su fuga es verdaderamente indignante y vergonzoso, tomando en cuenta, además, que está entre los responsables de asesinar a sangre fría a cuatro niños de la familia Vanegas Grimaldo en una finca de las afueras de la capital caqueteña a comienzos de febrero pasado. De hecho, suena absurdo que, tomando en cuenta la gravedad de su crimen, este delincuente y sus secuaces no hayan sido confinados en penitenciarías más seguras.

El Gobierno Nacional debe corregir de inmediato estas fallas y llevar no solo al Desalmado sino a los demás implicados (Édison Vega, Enderson Carrillo, Luzmila Artunduaga y José Eleisy García) a cárceles de las que no puedan fugarse, pues el país no perdonaría que los causantes de un crimen tan nefasto puedan evadir las acciones de la justicia. Este es de esos casos emblemáticos que requieren que la sociedad pueda ver que sus autores pagan, sin atenuantes, por sus actos demenciales, por lo que no puede existir el más mínimo descuido. La delincuencia colombiana tiene que recibir a través de este caso una lección sobre total respeto por la vida, y más cuando se trata de niños.

Ahora bien, es posible que esta solo se la punta del iceberg de un problema de mayores proporciones que se ha tratado con medidas coyunturales, mientras que cada vez se deterioran más las estructuras y se hacen más protuberantes las deficiencias y debilidades de todo el sistema carcelario. Desde el 2012 se propende por la aplicación de remedios que no solo eviten que la corrupción siga creciendo en los penales, sino que haga de las prisiones verdaderos centros de rehabilitación, y donde las condiciones mínimas de dignidad humana sean respetadas, pero es demasiado poco lo que se ha avanzado en esa materia. Lo único que se ha hecho es aplazar las medidas de fondo.

Además de los evidentes problemas de corrupción de los funcionarios del Inpec, hay condiciones de hacinamiento, insalubridad y desorden en los penales que exigen medidas rápidas y eficientes. No es nuevo que se señale que la mayor parte de las extorsiones que hoy se pagan en Colombia se ejecutan desde las cárceles. La triste realidad es que quienes llegan allí por delitos menores, en lugar de encontrar oportunidades para darle un giro positivo a sus vidas, encuentran el terreno fértil para convertirse en delincuentes más peligrosos. Lo que hay allí son verdaderas escuelas del crimen.

Ahora que se piensa en ordenar el sistema de justicia, también es fundamental que se le dé un mayor control al sistema carcelario. No solo para garantizar que se cumplan los protocolos establecidos, sino para que los reos no encuentren fácil ejecutar fugas o tratar de pervertir el orden usando coimas y otras acciones corruptas para abrirse camino. Mejorar las infraestructuras es un paso clave que no da más espera.