Criminales de profesión

La captura en Chile de Fanny Grueso Bonilla, alias la Chily, de 33 años, deja al descubierto un fenómeno del que podría estar apenas emergiendo la punta del iceberg. Su prontuario deja ver que esta mujer parece estar hecha para el crimen: comenzó a los 15 años en el Frente 30 de las Farc. En 2004 se sumó a las Auc y cuatro años después se desmovilizó para unirse a las bacrim, conformadas por narcotraficantes y exparamilitares, específicamente a Los Rastrojos y después al Clan Úsuga.

Como si fuera poco, las autoridades le atribuyen la responsabilidad en numerosos homicidios, en los que las torturas y los desmembramientos han sido su modus operandi. Los terribles episodios de las llamadas “casas de pique” de Buenaventura (Valle del Cauca) tienen en la Chily una de sus protagonistas, como propietaria de una vivienda en la que se ejecutaban tales crímenes. Por eso era requerida por la Interpol en 190 países, por delitos que también contemplaban fabricación, tráfico, porte ilegal de armas, desaparición forzada y narcotráfico.

Sin embargo, lo que parece seguro es que no se trata del único caso de delincuentes que, sin ninguna motivación ideológica, siguen una carrera de mercenarios en la que su única razón de ser es generar violencia, obtener fáciles beneficios económicos y causar enormes daños a la sociedad. Además, llama mucho la atención que se trate en este caso de una mujer, quien con sus actos rompe todos los paradigmas y causa pánico.

Ya hace unos meses las autoridades habían capturado en Florencia (Caquetá) a Frederman Sarria García, alias Gordo Quemado, quien en su prontuario deja ver que comenzó en la guerrilla, se volvió luego paramilitar y pasó después a las bacrim que delinquen en el sur del país. ¿Cuántos pueden ser los casos en los que hombres y mujeres han desarrollado toda una carrera delincuencial en distintas agrupaciones, sin importarles sus supuestos orígenes ideológicos? Tal vez sean muchos más de los sospechados.
 

Esta situación genera muchos más interrogantes con respecto a los actuales miembros de las Farc, de quienes no hay plenas garantías de que se desmovilicen y se aparten de su vida criminal, ante la eventualidad de la firma de un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado en el país. Todo indica que un alto porcentaje de esos hombres y mujeres, que son verdaderos criminales de profesión, tratarán de mantenerse en sus andanzas, con el único objetivo de lucrarse y seguir haciendo el mal.

Esta duda se acrecienta cuando se observan las alianzas de frentes enteros de las Farc con algunas bacrim, con el único propósito de mantener su negocio criminal, e incluso se observan vínculos familiares, lo que hace más complejo el panorama. Para completar, en casos como el de la Chily, se trata de personas que pretenden extender sus acciones delincuenciales a otros países, lo que apunta a convertir las bacrim colombianas en organizaciones internacionales enfocadas en los negocios del narcotráfico.

Todas estas son razones suficientes para insistir en que las Fuerzas Militares tienen que mantener la ofensiva en contra de los distintos grupos ilegales, con el objetivo de llevar a la cárcel a estos criminales que, pese a supuestas voluntades de paz, en un alto porcentaje van a persistir en el delito. Este es uno de los sustentos fundamentales para que las conversaciones con las Farc se lleven a cabo en medio de la guerra, sin el cese al fuego en el que tanto insisten los cabecillas de esa guerrilla.