La gerente del proyecto Aeropuerto del Café, Amparo Sánchez, tiene claro que no basta con ponerle la ponchera al Gobierno Nacional para ver qué limosna podemos recibir los caldenses, con el fin de poder concretar esta iniciativa de competitividad no solo regional, sino nacional. Sin embargo, en instancias nacionales parecen desconocer que la región puede hacer un esfuerzo, pero es vital el concurso del Tesoro de la Nación para hacer realidad este sueño que en el largo plazo será muy útil para toda Colombia. De otra manera es imposible.
Acaba de conocerse el más reciente estudio de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) acerca de las opciones de financiación de la obra, y las conclusiones son realmente desalentadoras, pues se deja todo el peso de la responsabilidad de la ejecución a la región, algo que no tiene la menor lógica. Si Caldas reúne una buena porción de los recursos y los aporta para el proyecto, la Nación debe hacer lo propio, al menos una cantidad similar, para que Aerocafé no se vaya a convertir en un elefante blanco. Es un asunto de responsabilidad con la competitividad futura del país, pero también con el manejo eficiente de los recursos públicos.
Es cierto y deseable que, además de los recursos oficiales, se integren a la inversión dineros provenientes de privados, con figuras como la de Asociación Público Privada (APP), con las que se asegure que la obra se hará, que podrá avanzar hacia una segunda y tercera etapa, y prestará servicio al país por largo tiempo. Lo que no puede pretenderse es que se piense que el aeropuerto comience a dar utilidades de inmediato, como se pretende en el estudio de la FDN, ya que es evidente que este tipo de obras tiene que medirse de otra manera, pensando más bien en enfoques como el que planteó la firma inglesa Atkins, que advierte acerca de las pérdidas que podría causar no hacer el aeropuerto.
Además, está probado que ninguna carretera, ninguna gran obra de infraestructura produce ganancias por sí misma. Son inversiones gigantescas, a veces, que reflejan su utilidad al facilitar que a su alrededor surjan nuevos polos de desarrollo que dinamizan economías locales, regionales y nacionales, en muchos casos. Así que es equivocado quedarse solo con un punto de vista financiero de la obra y trascender hacia los impactos socioeconómicos potenciales de invertir $424 mil millones en la primera fase de un terminal aéreo que podrá llegar a tener una pista superior a los 3.500 metros de longitud. Hablar de sostenibilidad financiera resulta absurdo.
Si bien es posible acudir a algunos activos locales para respaldar el proyecto, sería irresponsable empeñar a la región, sin que la Nación haga el menor esfuerzo, más cuando se tienen compromisos claros de ayudar a concretarlo, y también se podría reunir la voluntad política suficiente para asegurar recursos nacionales. Desde luego hay que ser creativos para que la apuesta regional sea gananciosa desde todo punto de vista. Hoy se tiene la certeza de una viabilidad técnica y la administración del proyecto en manos de una persona que ha demostrado tener la determinación y los conocimientos para hacerlo realidad.
Llegó el momento de ser muy creativos en la estrategia financiera de la región, para que toda decisión resulte productiva. Podría pensarse en algo muy concreto: se ha planteado que los terrenos de La Nubia se vendan y con ese dinero casar recursos con el Gobierno Nacional para Aerocafé, pero tal vez sería mejor pensar en que se traslade allí el Batallón Ayacucho. ¿Qué mejor que un gran complejo militar con pista incluida, y con áreas suficientes para el entrenamiento de polígono y demás? Al Ministerio de Defensa eso tiene que interesarle, y que la negociación sea cambiar La Nubia por los actuales terrenos del batallón, que podrían ser mejor utilizados para el crecimiento urbanístico.
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