Corregir un despropósito

En la decisión del Ministerio de Transporte de mantener los precios fijados para el pago de impuestos con una nueva fórmula que rompe con el sentido común no puede tolerarse. Este año empezó a fijarse una nueva tabla para calcular este impuesto con el fin de modernizar el sistema y suplir ciertas injusticias que se cometían, como que carros diferentes en gama y lujos pagaban lo mismo que otros de menos costo. No obstante, el remedio resultó peor que la enfermedad y como si se tratara de una novela kafkiana se rompió toda lógica al llegar al punto de que los carros, para efecto de este cálculo resultan ser más costosos que lo que realmente cuestan en el mercado, con lo cual, el mayor valor se lo gana el Estado, perjudicando a los propietarios.

Esto no tiene ningún sentido, como tampoco la tozudez del Gobierno Nacional de permanecer en este resultado, cuando evidencias como las diferencias con el cálculo para el pago de seguros, que van de la mano de la realidad. Se debe resolver esta situación que afecta a miles de colombianos y en donde se debe imponer el sentido común y no la necesidad de recaudo que se tiene por estos tiempos de vacas flacas y dificultades financieras para poder ejecutar y cumplir las promesas, cuando las exportaciones caen, el dólar sube y se trepa el costo de vida. La solución no puede estar en forzar las cosas.

Aparte de lo ya dicho es importante anotar que hasta ahora nadie ha demostrado que la contratación de una empresa manizaleña para desarrollar el software que permite estos cálculos se haya hecho de manera fraudulenta. Es evidente que los resultados de la aplicación de ese programa afectan a muchos propietarios de vehículos y rompen contra la lógica, pero también es cierto que Datasoft ha dicho claramente que hizo lo que les pidieron en el momento de la convocatoria, en la que ganaron legalmente, cosa que ha ratificado el Ministerio. No se entiende por qué aún hay personas en este país que se sorprenden porque empresas manizaleñas ganen este tipo de contratos, si se trata de la ciudad que está haciendo desde hace rato un trabajo importante de consolidación en esta industria, al punto que se le ha reconocido como el Sillicon Mountain por altos funcionarios del Gobierno Nacional y por los grandes medios del país.  Se debe centrar la crítica en lo objetivo. El problema no está en que haya sido una empresa manizaleña, tampoco en que hubiera ganado el concurso en solitario. Si se descubre que efectivamente se violó el principio de selección objetiva o se trató de un pliego de sastre, pues que se sancione, pero no por el origen de la empresa que ha demostrado ser suficientemente experimentada en estos temas y este nuevo logro es otro paso en su proceso de crecimiento y consolidación.

Se deben corregir los resultados desproporcionados y esto compete es al Ministerio de Transporte, que debe dar la cara y reconocer de una buena vez que se equivocó. No tiene que esperar a que el presidente salga en una alocución a decir que dio instrucciones para que esto se corrija, como ha pasado con temas similares en el pasado. Se les debe pedir a los contratistas, desde esa cartera, que modifiquen las fórmulas para que vuelvan las cosas a su natural camino de que se paguen los impuestos con sentido de realidad y no con el anhelo de llenar las arcas del Estado. Lo que hoy tenemos es un despropósito.