Castigo a los Moreno

Por los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido de contratos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Iván Moreno Rojas a 14 años de prisión, al comprobarse su responsabilidad en el Carrusel de la contratación en Bogotá, con relación a hechos durante la administración de su hermano, Samuel Moreno, quien también deberá pagar por todos los delitos en los que habría incurrido. Si tenemos una justicia coherente, los implicados en estos hechos tienen que recibir sanciones severas.

Es una vergüenza que un congresista se haya confabulado con diversas esferas de poder, afines a sus causas políticas y sus formas de actuar, con el objetivo de apropiarse del erario de la capital de la República. Repugna que ese clan y otros como los Nule se hayan propuesto robar a la principal ciudad de Colombia, en forma tan descarada, y que pese a tantas evidencias haya quienes se atrevan a decir que es solo una persecución política, o que se desconocía que ese monstruo de la corrupción se paseara orondo por las distintas dependencias del Distrito.

No puede olvidarse, además, que las garras del exsenador no solo buscaron millonarios beneficios en el erario bogotano, sino que también le apuntaron al Tesoro Nacional, cuando el parlamentario tranzó mutuos beneficios con los Nule, en el contrato de la vía Bogotá-Girardot. Por eso es que a los 14 años intramurales se le deberían sumar algunos más por posible concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, en lo que se espera el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, pues no debería pagarse solo con cárcel, sino que también tiene que devolver los bienes mal habidos.
Para el Polo Democrático, partido que se ha vanagloriado de ser veedor de la administración pública y promotor de una ética de izquierda en la política, este episodio lo tiene que llevar a pronunciarse enérgicamente en rechazo a lo que se hizo bajo su amparo. Ese movimiento político, como tampoco lo puede hacer ninguno cuyos miembros resulten involucrados en delitos de este calado, no puede quedarse callado ante una condena tan clara y con tantos argumentos que evidencian podredumbre en su interior. Tiene que hacer catarsis y demostrar que tal proceso sirvió.

La decisión de la Corte tiene que tomarse como referente del castigo para quienes se aprovechan descaradamente de sus posiciones en la política, y se lucran en forma directa o indirecta, olvidándose de los principios de bien común que deben regir las conductas de los servidores públicos. Incluso, es necesario que se pueda avanzar en una legislación más severa para hechos como el anotado, de tal forma que la justicia garantice que los culpables no solo paguen lo que deben, sino que sus casos sean vistos como emblemáticos de lo que no puede tolerarse.

Bogotá, sin duda, merece ser liderada por personas pulcras, quienes con sentido gerencial y vocación democrática, se propongan impulsar la ciudad hacia un desarrollo que logre contagiar al resto de Colombia. Esa imagen de ciudad manejada por corruptos, incapaces o autoritarios solo genera desconcierto y desesperanza. Hay grandes proyectos, como el del metro, que deben ejecutarse cuanto antes y de manera excelente, para recuperar la credibilidad y retomar el rumbo perdido.