La foto del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en la que estrecha la mano de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, envía un mensaje de esperanza acerca de la posible solución pacífica y democrática de las actuales dificultades que sufre el vecino país, las cuales se agudizan con el paso de los días. Ambos países habían roto sus relaciones diplomáticas en el 2008, y el año pasado el clima de tensión se incrementó gravemente. El encuentro, dado al margen de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en República Dominicana, apunta a que sean los propios venezolanos los que decidan el porvenir de su país, sin permitir que la situación se salga de los límites democráticos.
Ojalá que la buena voluntad presentada, en este caso, por los estadounidenses tenga respuesta positiva y concreta en el gobierno del chavista Nicolás Maduro, quien ha querido aferrarse a la silla presidencial, sin el menor escrúpulo por garantizar libertades y derechos humanos. El deber ser de las cosas es que a través del diálogo entre el gobierno y los amplios sectores de la oposición en ese país se hallen los remedios a la profunda crisis que allí se vive. Ningún gobierno extranjero puede tratar de intervenir para que allí se tome una u otra decisión, pero organismos multilaterales como la OEA sí han de ayudar a que las aguas regresen a su cauce.
Esto implica que todas las actuaciones que viene impulsando la oposición, usando los canales democráticos, puedan seguir su curso sin que se les sigan poniendo obstáculos, como se ha venido dando hasta ahora. El referendo revocatorio, establecido por la Constitución Nacional de ese país, debe seguir su trámite sin talanqueras, para que pueda realizarse este año, y que de acuerdo con el pronunciamiento del pueblo se refrende la permanencia del chavismo en el poder o el cambio en quienes administren el país de ahora en adelante. Lo fundamental es respetar la voluntad del pueblo.
Adicionalmente, el actual gobierno venezolano debe dar pasos certeros que evidencien que quiere una solución que beneficie a todo el pueblo de ese país, dando muestras de respeto a la oposición, garantía de los derechos humanos como los de libertad de expresión y de reunión, y la liberación de los presos políticos que permanecen en cárceles injustamente. También tienen que ser palpables las medidas que normalicen el suministro de alimentos y medicinas, así como la energía eléctrica, los cuales escasean debido a las equivocadas políticas económicas que se vienen ejecutando, y que también han repercutido en el enrarecido mercado mundial del petróleo.
En la OEA ha ido perdiendo fuerza la idea del secretario general Luis Almagro, de aplicarle a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, por lo que ahora serán fundamentales los buenos oficios que se puedan dar desde distintas instancias del continente, como los Estados Unidos, para que la crisis empiece a resolverse. No obstante, estas vías del diálogo tienen una fuerte limitante de tiempo, como consecuencia de la necesidad de que el referendo revocatorio no se aplace para el año entrante, cuando sus efectos no permitirían abrir las posibilidades del cambio profundo que se está necesitando en Venezuela. Esperemos que la nueva actitud de Maduro no sea solo una estrategia para ganar tiempo y anotarse luego una victoria.
El estallido social es real en el vecino país, ya han muerto personas y son demasiados los heridos por la urgencia de conseguir comida y medicinas. No puede jugarse con las expectativas y esperanzas del pueblo. La emergencia humanitaria no es un invento de la oposición, como lo quiere mostrar el gobierno de Maduro, por lo que se requieren cambios de fondo si se quiere prevenir un conflicto interno de grandes proporciones que aumentaría la inestabilidad en Venezuela. Está bien que Colombia esté entre los países firmantes de la declaración de la OEA que exige que se busquen en el vecino país opciones democráticas que permitan una salida pacífica de la actual crisis.
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