Blindaje complejo a los acuerdos

El anuncio de los negociadores del Gobierno Nacional y de las Farc en La Habana (Cuba) en el sentido de que el acuerdo final al que se llegue en la mesa de diálogos se convertiría en un Acuerdo Especial, en concordancia con los Convenios de Ginebra de 1949, ha dado para que la oposición señale que con ese procedimiento se pretende burlar la Constitución Nacional. Entre tanto, la mayoría de los partidos políticos en el Congreso de la República han considerado que se trata de una salida que blinda los acuerdos y garantiza que se cumplan en su totalidad.
La polarización que se ha generado alrededor del actual proceso de paz tiene en esta propuesta a un protagonista que llevará, seguramente, a que crezcan las tensiones, debido a la complejidad jurídica a la que nos enfrentamos. Por un lado, el Gobierno aspira a que la próxima semana el artículo o parágrafo que permite esta salida sea incluido en el Acto Legislativo para la Paz que se tramita en el Congreso, el cual va para séptimo debate, con el fin de que antes del 20 de junio quede aprobado como norma constitucional.
Vendrá luego el análisis de la Corte Constitucional para establecer si la Carta Magna resultaría afectada con la consideración del pacto final con las Farc como un Acuerdo Especial, en sintonía con el Derecho Internacional Humanitario. Hay múltiples interpretaciones frente a este punto, y en un país de abogados como el nuestro, es natural que se produzcan toda clase de lecturas. Así que lo que se ha pensado como un paso concreto para desbloquear las negociaciones podría convertirse en un nudo de gran magnitud. Ahora bien, no puede desconocerse que este avance también significa que las Farc están aceptando por primera vez unas reglas de juego que implica acogerse a lo mandado por la Constitución y las leyes colombianas, y un respeto a la institucionalidad del Estado.
También resulta afín a los principios democráticos y coherente con las normas internacionales que se pretenda que lo pactado vaya a las Naciones Unidas, para que se anexe a la resolución del Consejo de Seguridad que se referirá a la verificación del fin del conflicto, así como al Consejo Federal Suizo como depositario de las Convenciones de Ginebra. Ahora bien, surge la duda acerca del estatus legal del Acuerdo Especial pactado, pues si bien lo concerniente al desarme y reincorporación de guerrilleros a la vida civil encajaría en el esquema de la Convención de Ginebra, surgen interrogantes con respecto a los temas de participación en política, por ejemplo.
Hay que ser conscientes de que no todo se vale para alcanzar la paz, o lo que es lo mismo, no se puede tratar de firmar la paz a toda costa; es fundamental seguir un sendero que sea viable jurídica y políticamente, y que cuente con todos los soportes legales para que se minimice el riesgo de que se caiga. Sería lamentable que después de cuatro años de conversaciones en los que se han alcanzado acuerdos muy importantes, a través de los cuales se podría comenzar a construir un nuevo país alejado de la guerra, un error de forma eche todo al traste.

Resulta vital, así mismo, que se mantenga la idea de refrendar los acuerdos, tal y como ha sido el compromiso del Gobierno. En esto hay que tener en cuenta que más que la cantidad de personas que salgan a votar por el sí o por el no, lo importante es que un mecanismo como el plebiscito obligaría a que todo lo pactado se conozca de principio a fin y que el pueblo colombiano decida con total transparencia acerca de la conveniencia o no de adoptar esos acuerdos. Al final, se tendría como lo advierte en la columna de opinión que publicamos mañana de Humberto de la Calle, Congreso, Corte y Pueblo.