ara el 14 de mayo estaba previsto un Consejo de Seguridad, inicialmente con el fin de evaluar la situación en Marmato, pero luego de los sucesos que alteraron el orden público en Anserma, al ser asesinados dos líderes indígenas de Riosucio, se planteó que se hiciera en esta localidad esa reunión. Sin embargo, se debió aplazar por cuenta de la tragedia que un día antes de la fecha fijada se presentó en las minas del sector de El Playón, a orillas del río Cauca, en donde murieron 15 mineros. Pasaron ya tres semanas y el Consejo de Seguridad sigue sin realizarse, a lo que se suma la falta de resultados en las investigaciones.
Esta fue una razón por la que las comunidades indígenas marcharon el jueves pasado en Manizales. Cerca de 700 personas se desplazaron a la ciudad para hacerse sentir por la falta de atención ante la presencia en sus zonas de actores armados, encapuchados, incremento de amenazas, sin que se vean soluciones a la vista. Se requiere que las autoridades presten toda la atención a los justos reclamos, pues la inseguridad ya pasó a mayores, con los asesinatos presentados y no se pueden simplemente ignorar o hacer creer que todo está normal, cuando evidentemente no es así.
Los ánimos están crispados y no es un asunto gratuito. Desde hace rato hemos dicho que en el occidente de Caldas crecen los conflictos de tierras, de presencia de ilegales armados, de amenazas de muerte, de explotación minera ilegal, lo que hace que se requiera de una intervención que implique presencia suficiente de Fuerza Pública, acompañamiento de programas sociales que ayuden a mitigar los efectos de algunas situaciones y prevención para que hechos que se venían presentando de tiempo atrás y ahora escalan a violencia, se puedan contener a tiempo. A esto hay que sumarle que son muchos los antecedentes en esa región de asesinatos políticos, de líderes indígenas que murieron cuando empezaban a proyectarse como rivales políticos serios. Y hay condenas que lo demuestran.
A esto se suma la sensación de vulnerabilidad que siente la comunidad después de los asesinatos selectivos ocurridos hace un mes, que es la suma a otros que los antecedieron. La seguridad no puede ser con el incremento de esquemas de protección y entrega de chalecos antibalas. Esto es apenas un paliativo para riesgos inminentes, pero se requiere que se tomen medidas que permitan la tranquilidad de estos ciudadanos de poder disfrutar de sus territorios sin violencias o presiones de ninguna clase.
La Administración departamental y el Gobierno Nacional deben atender las inquietudes planteadas por los indígenas caldenses y la sociedad debe acompañar a estos en estos momentos para evitar que sigan siendo víctimas de diferentes violencias. A esto hay que agregar que se necesitan los resultados prometidos por la Policía que indicó en su momento que iban muy bien en las pesquisas para dar con el paradero de los agresores. Se tiene que pasar de los anuncios rimbombantes a las acciones y resultados satisfactorios. La impunidad es el peor aliciente que existe para que los delincuentes continúen agrediendo a estas comunidades. Para qué esperar a que escalen más los reclamos para atenderlos o, peor aún, a que se incrementen las violencias. Es hora de actuar.
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