Además de los lazos de narcotráfico que une a las Farc con el llamado clan Úsuga, organizaciones responsables del asesinato de siete policías el martes pasado, todo indica que también hay vínculos familiares que habrían facilitado esa alianza de terror. Así lo estableció la Policía Nacional, después de un consejo de seguridad celebrado en Montería (Córdoba), zona en la que ocurrió el múltiple crimen que empaña la credibilidad que podría dársele al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana (Cuba). Hay que rechazar con toda energía esta acción cobarde que, además, fue ejecutada con alevosía.
Tal parece que Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, cabecilla del clan Úsuga, es primo hermano del jefe del bloque noroccidental (58) de las Farc, Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo, por lo que actúan en acciones coordinadas, con el fin de sacarle el mayor provecho a la práctica del narcotráfico y demás delitos que les pueden dar recursos para mantenerse activos y fuertes. Así las cosas, más que seguir las directrices de los grandes jefes del secretariado, ese frente de las Farc, y otros más, estarían obedeciendo a sus particulares intereses económicos.
Lo grave es que, como se ha observado en otros momentos, sobre todo cuando los negociadores guerrilleros en La Habana han anunciado treguas unilaterales, hay varias estructuras de esa organización subversiva que parecen no acatar el mandato de sus jefes y persisten en cometer los crímenes a los que están acostumbrados en su cotidianidad. Eso podría llevar a concluir que hay un serio fraccionamiento en las Farc y que una posible firma que se alcance al final de este proceso de paz solo brindaría soluciones parciales al conflicto armado que padecemos.
Esto también significaría que no es real la supuesta cohesión que han tratado de mostrar los cabecillas de esa guerrilla, y que el país está corriendo el riesgo de llegar a una supuesta paz con líderes que más bien quisieran seguir disfrutando del turismo en la isla caribeña, que en comprometer a todas sus estructuras a seguir avanzando al mismo compás de las exigencias de los avances en los diálogos. Colombia debe exigirle coherencia a las Farc, obligando a los distintos frentes a dejar a un lado las actividades de narcotráfico y más aún a eliminar esa alianza con las bacrim y otras organizaciones delictivas.
Además, esta evidencia de vínculos profundos entre organizaciones aparentemente tan diferentes, e incluso opuestas, es lo que tiene que hacer entender al Gobierno Nacional que las Fuerzas Militares deben seguir arreciando en contra de la delincuencia, sin importar sus orígenes y características, para destruir cualquier posibilidad de uniones criminales que afecten la seguridad y la tranquilidad de la mayoría de colombianos. Este es otro punto que se opone a la posibilidad de decretar un cese el fuego bilateral, pues eso solo beneficiaría a todas esas estructuras emergentes de delincuentes, e incluso a las fracciones de las Farc que se les han unido.
No es la primera vez que soldados y policías son asesinados en distintos puntos de la geografía nacional en los meses recientes, mientras que avanzan en Cuba las conversaciones de paz. Una vez más les exigimos a los negociadores de esa guerrilla que repudien estos hechos terroristas y obliguen a sus subordinados a dejar de cometer este tipo de acciones, que manchan con sangre y se burlan de las esperanzas de paz que tienen los colombianos. Al mismo tiempo es urgente desarticular esas bacrim que han venido tomando ventaja y que podrían convertirse en organizaciones desestabilizadoras del Estado.
No pueden aceptarse más titubeos de los jefes guerrilleros, llegó el momento de exigirles acciones serias en el interior de su organización, para desligarse de actividades criminales que les quitaría toda legitimidad a sus supuestas motivaciones sociales y políticas. Frente al narcotráfico tiene que verificarse un no rotundo.
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