Adopción por parejas del mismo sexo

Las decisiones sobre las parejas del mismo sexo parecen ser tomadas por espasmos en este país, que se debate entre mantenerse apegado a su conservadurismo o en dar el salto hacia una verdadera sociedad del siglo XXI, respetuosa de los derechos de las minorías. En esta oportunidad la Corte Constitucional dio un tímido paso en la igualdad de derechos de esta comunidad, al permitir que la pareja de una lesbiana pueda adoptar a los hijos de la otra, lo que es un paso cuantitativo en este tema en Colombia, pero corto en la posibilidad de que se reglamente de una vez para el futuro y para otros casos, incluso de aquellas parejas que no tienen hijos, pero quieren tenerlos por medio de la adopción.

El debate se extenderá seguramente por semanas, pues no están dispuestos a aceptar esta decisión personas apegadas a que la única familia posible es la tradicional, esa que defiende la Iglesia Católica, que si bien es mayoritaria en nuestra sociedad, bien sabemos que no es la única. Y eso está bien, para poder que se llegue a acuerdos como sociedad lo mejor es que el debate se haga de manera amplia, clara y pública, pues al fin y al cabo es imponer un cambio de fondo. El asunto es que en un país que se dice democrático, el respeto por el derecho de las minorías debe defenderse por encima de los pareceres y las creencias mayoritarias.
Este debate se sigue evadiendo. Luego de los muchos aplazamientos que sufrió la norma que permitió que las parejas del mismo sexo pudieran validar su unión de derechos ante Notaría, para poderlos hacer oponibles ante terceros, se pasó por alto el tema de la adopción para estas personas. Igual cuando se dio el debate por una pareja homosexual de extranjeros que habían adoptado a un niño colombiano se le dio vía libre a la adopción, pero también se evitó legislar en la materia para el futuro. Ahora es la Corte Constitucional la que da un paso, pero corto.

Esta decisión debe ser tomada como precedente constitucional para que en situaciones similares los jueces decidan de igual manera, y no tengan que esperar otras parejas a que la Corte Constitucional escoja su tutela para que la resuelva en última instancia. Tenemos que aprender a respetar estas decisiones, así muchos no las compartan. Precisamente en una sociedad que habla mucho de su aspiración de mejorar la equidad, debe empezar por hacerlo en los derechos, donde resulta más fácil, que en lo económico.

Algunos congresistas que salieron a reclamar han dicho, entre otras cosas, que la función de autorizar tales derechos compete única y exclusivamente al Congreso de la República y no a la Rama Judicial. No obstante, habría que recordarles que ellos son quienes han evadido tal responsabilidad y como no han legislado de una vez por todas sobre la materia, buscando el respeto de las minorías como ordena la Constitución, debe la Corte corregir las decisiones que el país espera para poderse encaminar hacia una sociedad más igualitaria, que tanto se pregona. Es necesario esto, pues temas como el alquiler de vientres, madres sustitutas, donantes de esperma empiezan a ser parte del mismo asunto de manera directa y es importante ponerse a tono en la legislación para evitar futuros desmanes y hacerlo más bien por las vías legales.

El llamado es pues a que se dé el debate, a que cortes, Congreso y Gobierno tomen las decisiones de fondo que se requieren en esta materia para que en lugar de hacer un escándalo de cada fallo que reconoce derechos a la comunidad LGBTI se tengan criterios claros y establecidos para que no sigamos a punta de espasmos, sino como una política estatal de reconocimiento de sus derechos.